Un acuerdo positivo pero insuficiente

La noticia de un acuerdo entre los dos principales partidos políticos sobre algo siempre es positiva para los ciudadanos. Este acuerdo, sin duda, es un paso positivo, pero debemos advertir que es un paso claramente insuficiente contra el problema de las participaciones preferentes.

En primer lugar, el acuerdo se refiere al caso de los afectados por las preferentes de los bancos que han quedado en manos del Estado tras la inyección de capital de la ayuda de Bruselas. Es decir, está pensado inicialmente para los afectados por las participaciones vendidas por las cajas integradas en CatalunyaBanc, Novagalicia y Bankia, las entidades nacionalizadas que han recurrido masivamente a la venta de este producto. Porque, en esta cuestión de las preferentes, como pasa a menudo, no todos los bancos han actuado de la misma forma. Son, precisamente, los más solventes y que no han tenido que recibir la ayuda del Estado, como el Santander o el BBVA, los que han sido generalmente más responsables a la hora de comercializar estos productos híbridos.

En segundo lugar, ese acuerdo afecta sólo a los casos más extremos y flagrantes de engaño al inversor, que ya estaban siendo solucionados por la vía judicial. Deja fuera por tanto a la gran mayoría de los miles de tenedores de preferentes.

Este acuerdo, sin duda, es un paso positivo, pero debemos advertir que es  claramente insuficiente

Para entenderlo es preciso recordar que en la situación actual, por imperativo de Bruselas a la hora de aprobar la ayuda a los bancos españoles, los tenedores de esas preferentes solo pueden recuperar un máximo del 60% de su inversión y en acciones de la propia entidad, no en dinero. Esta gravosa situación de los titulares de preferentes ha sido paliada en algunos casos puntuales por los jueces, dictando sentencias condenatorias contra algunos bancos cuando se ha podido comprobar un engaño flagrante y evidente en la colocación de esos productos. Por ejemplo, a personas mayores casi analfabetas. En estos casos, los titulares de preferentes han podido recuperar el 100% de su inversión.

Pues bien, el único avance que supone este pacto es agilizar la resolución de esos casos excepciones, abriendo la posibilidad del arbitraje y estableciendo una Comisión de seguimiento de los mismos. Matizando además que, en el caso de obtener un laudo favorable en el arbitraje, al 100% de la inversión se le descontaría el plus de rentabilidad que ha conseguido en los años de vida del producto, frente a lo que habría cobrado al contratar, por ejemplo, un depósito.

Es decir, que los únicos beneficiados por este pacto serán los titulares de las preferentes que con casi total seguridad habrían sido también beneficiados por una sentencia judicial favorable. Algo, sin duda, positivo pero claramente insuficiente para los miles de tenedores de preferentes que tengan la desgracia de poseer algunos conocimientos de economía o hayan tenido la mala suerte de haber contratado varios de esos productos híbridos alguna vez en su historial de inversores.

Esos miles de tenedores de preferentes, si no hacen nada, perderán un mínimo del 40% de su inversión y verán cómo esos restos se transforman en papel de acciones de los propios Bancos que les han perjudicado y cuyo valor en Bolsa está rascando los suelos más bajistas.

Los beneficiados por el pacto serán los titulares que con seguridad habrían sido reconocidos también por la justicia

La otra posibilidad que tienen es acudir a los Tribunales de Justicia para intentar obtener el amparo y la justa compensación por haber sido víctimas de una comercialización que ocultaba en la letra pequeña unos riesgos que jamás hubieran corrido de haberlos conocido. En ese sentido, las sentencias judiciales favorables a los tenedores de preferentes obtenidas hasta ahora abren un margen al optimismo.

Por estas razones, este pacto es insuficiente. Pero, en un aspecto abre una cierta luz de esperanza. La de ver que, cuando la presión de los ciudadanos obliga a los principales partidos políticos a ponerse de acuerdo, son capaces de atender a las injusticias que se están produciendo en ámbitos como las hipotecas o las preferentes.

En el caso de las preferentes, además, no es cierto que no haya posibilidad de que los afectados recuperen el dinero que de buena fe invirtieron en esos engañosos productos bancarios. En este sentido, hay que recordar que las necesidades de capital para las entidades nacionalizas han sido, finalmente, de 36.968 millones, unos 10.000 millones menos de lo que había estimado inicialmente Oliver Wyman. Esta rebaja, además de a la venta de activo y el traspaso de activos a la Sareb, se debe en buena parte a las pérdidas que se obliga a asumir a los tenedores de preferentes. Son muchas las voces que están pidiendo que el Estado no cargue sobre los perjudicados por las preferentes la carga del saneamiento del sistema financiero español y que, si es necesario, agote la línea de crédito que le ha concedido Bruselas.

Los tenedores de preferentes tendrán que explicar a la opinión pública que este acuerdo, aunque insuficiente, es un estímulo para seguir trabajando en la resolución de los miles de dramas humanos que hay detrás de sus casos.

* Javier Cremades es abogado y presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.