Agbar pide que se ejecute la resolución contraria a Acciona en Cataluña
Agbar pide que se ejecute la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que anulaba la adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, al entender que la decisión de este organismo era absolutamente ejecutiva.
La compañía hace esta demanda en las alegaciones que presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) respecto a la resolución de este organismo, según fuentes conocedoras de esta documentación consultadas por Efe.
Según estas fuentes, Agbar argumenta, sin entrar en consideraciones políticas, que las resoluciones de este organismo son directamente ejecutivas y que se deben cumplir, y que las directivas europeas avalan el carácter ejecutivo de este tipo de organismos.
La adjudicación de la compañía Aigües Ter-Llobregat a Acciona está actualmente en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debe dictaminar si considera o no ejecutiva la resolución de la OARCC y anula o mantiene el contrato con Acciona.
El TSJC deberá estudiar las alegaciones que han presentado Agbar, Acciona y la propia Generalitat, a la que ha requerido que presente toda la documentación sobre esta adjudicación antes de finales de mes.
Por su parte, la Generalitat sigue defendiendo que actuó bien en este proceso de privatización y cree que el conflicto judicial entre Agbar y Acciona por la adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat no afectará al déficit de la Generalitat para 2012.
El gobierno catalán asegura que cuenta con la autorización de la Intervención General del Estado para poder computar los 1.000 millones por la privatización de ATLL (unos 300 ya abonados por Acciona y sus socios, y los 700 restantes a lo largo de los próximos 50 años) a cuenta del déficit de 2012.
Ese recurso contable ha permitido a la Generalitat rebajar su déficit para 2012 en aproximadamente medio punto del PIB y, aunque el conflicto de ATLL está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Govern confía en que esos 1.000 millones seguirán pudiendo computar para el déficit de 2012.
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