La banca pondrá "todo su esfuerzo" para implantar el fondo de alquiler social

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, ha afirmado hoy que la creación del fondo de alquiler social contribuirá de forma "eficaz" a paliar la situación de personas que han sufrido un desalojo y ha asegurado que los bancos pondrán "todo su esfuerzo" en su implantación.

En declaraciones a Efe, Martín ha explicado que la finalidad básica del fondo y la esencia del convenio de colaboración entre entidades públicas y privadas que regula su funcionamiento es "aliviar la situación de necesidad de las personas más vulnerables y necesitadas de protección".

El presidente de la patronal bancaria ha indicado que la creación del fondo, que inicialmente cuenta con 5.891 viviendas, es una iniciativa "práctica" que puede ser muy eficaz, pero al mismo tiempo ha puntualizado que es "difícil de llevar a cabo", lo que hace necesaria la colaboración entre el Gobierno, los municipios, las ONG y las entidades financieras.

"Los bancos vamos a hacer todo el esfuerzo, pero efectivamente hace falta una colaboración de todos los agentes para que al final se llegue a paliar la situación de las personas que lo necesitan", ha dicho.

Por otro lado, ha indicado que los bancos aumentarán el número de viviendas en función de las necesidades que surjan cuando el fondo esté en marcha.

"El número de 6.000 viviendas inicialmente parecía inalcanzable, pero se consiguió con el esfuerzo de todos. Por supuesto, a medida que se vaya viendo que el sistema funciona (...), evidentemente, intentaríamos ampliarlo y tratar de llegar a más personas que lo necesitan", ha señalado.

Los ministros de Economía, Sanidad y Fomento, representantes de las entidades financieras, de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y de las ONG firmaron ayer el convenio por el que se pone en marcha el fondo.

Cada banco y caja ha creado su propio fondo con viviendas no cedidas a la Sareb, la sociedad que agrupa los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo", y las ofrecerá a sus clientes afectados por procesos de ejecución hipotecaria.

Las entidades financieras informarán a los beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG de las características básicas de las viviendas, para que los servicios sociales de estos organismos elaboren informes sobre la situación de los beneficiaros y acudan a los bancos a solicitar una vivienda de alquiler.

En un plazo de 15 días las entidades de crédito evaluarán la idoneidad de las solicitudes y, si cumplen los requisitos, se procederá a la firma de un contrato de alquiler.

El precio oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación y concluya que el beneficiario ya no cumple las condiciones.