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Principio de acuerdo entre PP y PSOE para el arbitraje en casos de preferentes

Se creará una comisión con la CNMV, Banco de España, el Ministerio, Consumo y el Tesoro.

Afectados por las preferentes de toda Galicia en una manifestación. Ampliar foto
Afectados por las preferentes de toda Galicia en una manifestación. EFE

El PP y el PSOE han alcanzado un principio de acuerdo sobre la solución para los titulares de participaciones preferentes en entidades que han sido intervenidas por el Estado, que pasaría por crear una comisión pública que supervise los procesos de arbitraje. Fuentes parlamentarias han avanzado que falta cerrar la letra definitiva del acuerdo, las posturas son bastante cercanas en este asunto, por lo que es posible que antes de que acabe la semana se pueda firmar el entendimiento.

De esta manera, se creará una comisión con representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco de España, del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Consumo y del Tesoro.

Esta comisión estará encargada de supervisar los arbitrajes de cada caso concreto, con el objetivo de diferenciar a los inversores conscientes del riesgo que implicaba este tipo de productos, de los pequeños ahorradores que fueron estafados por una comercialización indebida.

Se mantiene el asesor privado

No obstante, se conservará la figura del asesesor privado que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció durante su última comparecencia en comisión parlamentaria, celebrada el pasado 18 de diciembre.

Entonces, De Guindos explicó que se articularían procedimientos de arbitraje para los tenedores de productos híbridos como las preferentes para acordar soluciones en los "casos más flagrantes donde se demuestre mala praxis en la comercialización", con criterios de selección similares a los de Novagalicia Banco y Catalunya Bank.

"Se operará con la colaboración de las autoridades de consumo autonómicas, que resolverán el arbitraje, aunque previamente un asesor privado filtrará en cada entidad los supuestos que evidencien una clara mala praxis. Así, el cliente encontrará el proceso más sencillo y rápido para resolver el conflicto", explicó el ministro.