Las comunidades en 2013, a por un déficit del 0,7 y en el centro del debate político

Después de un duro año de ajustes y con cinco elecciones autonómicas, las comunidades encaran 2013 con el objetivo principal de lograr reducir su déficit a un 0,7 % del PIB y recuperar la confianza de los mercados en pleno debate sobre el modelo territorial y las aspiraciones soberanistas.

Hasta febrero no se conocerá previsiblemente si las autonomías cumplieron en 2012 con el déficit del 1,5 % -hasta el tercer trimestre se situaron en el 0,93 %-, cifra que tendrán que reducir hasta la mitad en su conjunto durante este ejercicio.

Ante las dificultades de muchas comunidades para financiarse, el Gobierno ha reeditado para este año el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que pondrá a disposición de las autonomías 23.000 millones de euros.

Si el año pasado más de la mitad de las comunidades tuvieron que recurrir a este mecanismo especial para hacer frente a sus obligaciones, al de este año ya han anunciado que recurrirán las autonomías de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Estos 23.000 millones de euros se incluyen dentro de las necesidades de emisión netas de 71.000 millones del Tesoro para este año -una vez descontadas las amortizaciones de deuda-.

Las autonomías han programado para estos doce meses unos presupuestos más austeros con una reducción media próxima al 6 %, salvo en el caso de Extremadura, la única comunidad que prevé un incremento (0,84 %) de sus cuentas públicas.

Castilla-La Mancha y Murcia son las dos autonomías que han reducido más su presupuesto para este año con una rebaja que supera el 10%, a las que siguen muy de cerca Aragón y la Comunidad Valenciana, que lo han reducido en más de un 9 %.

Tras la aprobación el pasado año de la ley de estabilidad presupuestaria, el Gobierno podría aplicar este año los supuestos recogidos en la norma que incluye para los casos más extremos de incumplimiento de los objetivos la intervención de las cuentas autonómicas.

No obstante, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró a finales del año pasado, durante su comparecencia para hacer balance del año, su confianza en que no se tendrá que intervenir ninguna comunidad.

Promete acaparar muchas portadas durante 2013, al igual que el año pasado, el reto soberanista lanzado por el presidente de Cataluña, Artur Mas, cuya acción de gobierno, apoyada por ERC, será una las claves en los próximos doce meses.

Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han establecido un calendario de cara a la consulta sobre el futuro de la comunidad catalana, que tendrán como uno de sus primeros pasos la declaración soberanista que preparan para someterla a votación en el primer pleno del Parlamento autonómico.

El debate sobre el modelo territorial se entremezcla con la cuestión catalana, en un momento en el que el PSOE está apostando por el federalismo, mientras que el Gobierno defiende el actual sistema surgido de la Constitución de 1978, aunque aspira a hacerlo más racional y sostenible.

Precisamente, el Ejecutivo ha puesto en funcionamiento una comisión con la ambición de llevar a cabo la mayor reforma de las administraciones públicas de los últimos treinta años.

Junio de 2013 será una fecha de gran importancia en este proceso, pues será el momento en el que se harán públicos los informes de los cuatro grupos de trabajo de esta comisión, pilotada por el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

El Gobierno también está en contacto con las comunidades autónomas para tratar la reforma de los ayuntamientos con el fin de evitar duplicidades y eliminar las "competencias impropias" -aquellas que ejercen los consistorios, a pesar de ser de titularidad autonómica-.

Este también será el primer año del Gobierno del nacionalista Íñigo Urkullu en el País Vasco, quien se ha marcado como principales objetivos para su mandato mejorar el autogobierno de Euskadi y afianzar la paz y la convivencia.

El conflicto entre algunas comunidades y el Gobierno continuará durante este año con la reforma educativa, que prevé que las autonomías tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano cuando no haya oferta pública o concertada "razonable" para los alumnos que deseen ser escolarizados en la lengua oficial del Estado.

Otra incógnita es si se convocará una nueva Conferencia de Presidentes, que ya está reclamando Andalucía, al igual que sucedió en octubre del pasado año, cuando los líderes territoriales y Rajoy lograron un compromiso para equilibrar las cuentas y cumplir con el objetivo de déficit.

De esa reunión salió además el compromiso de crear un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para estudiar la aplicación del actual modelo de financiación.

Las autonomías, en su mayoría, continuarán a lo largo de estos doce meses reclamando una revisión del actual modelo, aprobado por el Gobierno anterior, que no contenta a la mayor parte de ellas.

Antonio Ruiz Valdivia