La UE le pide a Bolivia que cumpla con la compensación para Iberdrola por expropiaciones
El representante en Bolivia de la Unión Europea (UE), Timothy Torlot, afirmó hoy que es importante que el Gobierno boliviano pague la compensación a la eléctrica española Iberdrola por la expropiación de sus cuatro filiales en este país.
La decisión de nacionalización "forma parte de la política del Gobierno, pero lo importante es dar a las empresas españolas sus derechos según la ley, y mirando, tomando en cuenta el ambiente económico del país", declaró Torlot a los periodistas bolivianos.
"Lo importante es que la empresa reciba su compensación", agregó para luego destacar que la UE está a la espera "desde hace mucho tiempo" de una nueva ley de inversiones nacionales y extranjeras prometida por el Gobierno para antes del fin de 2012.
A su juicio, las expropiaciones "no parecen ser un obstáculo muy grande" para algunos tipos de inversores porque los capitales extranjeros sigue aumentando en Bolivia, aunque enfatizó que los empresarios europeos necesitan de esa citada ley para invertir.
El presidente Morales expropió el fin de semana por sorpresa con un decreto las empresas distribuidoras de energía Electropaz y Elfeo, la firma de servicios Edeser y la Compañía Administradora de Empresas Bolivia, que fueron ocupadas por militares y policías.
El Gobierno informó en las últimas horas de que las empresas operan con normalidad, aunque aún permanecen bajo custodia policial.
El decreto de expropiación establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad contrate a una firma independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas y con esos datos, negociará con Iberdrola el pago por sus acciones.
Electropaz y Elfeo han informado esta semana a la Bolsa Boliviana de Valores del cambio en su composición accionarial y la designación de Víctor Ustariz como nuevo gerente de ambas eléctricas.
En mayo del 2012, Morales también nacionalizó las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para la compensación económica, pese a que también había un plazo de seis meses para establecer un valor de indemnización.
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