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SISTEMA PENSIONES

El Gobierno regulará la jubilación anticipada si no hay acuerdo en tres meses

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy tras presidir la última reunión del Consejo de Ministros de 2012, en la que ha hecho balance de su gestión al frente del Ejecutivo durante el año que ha transcurrido desde su toma de posesión.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy tras presidir la última reunión del Consejo de Ministros de 2012, en la que ha hecho balance de su gestión al frente del Ejecutivo durante el año que ha transcurrido desde su toma de posesión.EFE

El Gobierno suspenderá durante tres meses los artículos de la reforma de las pensiones de 2011 relativos a la jubilación anticipada y parcial, que debían entrar en vigor el 1 de enero de 2013, con el fin de negociar una nueva regulación en la Comisión del Pacto de Toledo o legislar si no hay acuerdo.

Así, en caso de que no se llegue a un acuerdo en dicha comisión parlamentaria, pasado el plazo de tres meses, y si entonces no se vislumbra un acuerdo, el Gobierno legislaría sobre esta materia.

Según fuentes del Ministerio de Empleo, el Ejecutivo ha tomado esta decisión para poder mantener un diálogo sobre la reforma de estas dos modalidades de jubilación y para que no entre en vigor una norma que será modificada en los próximos meses.

El Gobierno ya avanzó sus propuestas sobre estas modalidades de contratación en la Comisión del Pacto de Toledo, al considerar que los cambios introducidos en la reforma de 2011 no son suficientes y que hay que seguir avanzando para acercar la edad real de jubilación a la legal.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, el Gobierno aboga por retrasar la edad mínima hasta los 65 años, frente a los 63 en los que quedaba fijada con la reforma que debía entrar en vigor el 1 de enero.

Sobre la jubilación parcial, las mismas fuentes han indicado que es necesaria una reforma importante porque esta modalidad resulta lesiva para las arcas de la Seguridad Social y porque existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala que es "discriminatoria", al exigir un período de cotización más elevado.

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