El Gobierno argentino recurre al Supremo y le insta a fallar sobre la ley de medios

El Gobierno de Argentina presentó hoy un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para instar al máximo tribunal argentino a fallar sobre la Ley de Medios Audiovisuales y poner punto final a la larga batalla judicial con el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país.

El ministro argentino de Justicia, Julio Alak, dijo que el Gobierno decidió "presentar el recurso de 'per saltum' ante la Corte Suprema de Justicia" para solicitar al máximo tribunal que "se aboque al tratamiento inmediato de la causa judicial que promoviera tiempo atrás el Grupo Clarín".

El recurso presentado "pretende una nueva declaración de constitucionalidad" de la cláusula de desinversión de la ley de medios, tal y como dictó el pasado viernes el juez de primera instancia Horacio Alfonso, y también el levantamiento de la medida cautelar, que impide que el Gobierno transfiera "de oficio" las licencias de Clarín que exceden el máximo legal permitido.

El ministro de Justicia aseguró en rueda de prensa que se dan todos los requisitos para presentar este recurso extraordinario, que permite al máximo tribunal asumir una causa de un tribunal inferior antes de que se agoten todas las instancias correspondientes en casos de gravedad institucional.

"La población considera con angustia y preocupada que una ley del Congreso no quiere ser aplicada", indicó Alak al justificar la gravedad institucional.

El máximo tribunal argentino deberá decidir si acepta este nuevo recurso de "per saltum", después de que el pasado 10 de diciembre denegase el anterior presentado por el Gobierno.

La Corte Suprema debe pronunciarse también sobre la apelación del Gobierno contra la prórroga de la medida cautelar dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial federal el pasado 6 de septiembre.

Tras el anuncio de Alak, el grupo Clarín dijo en un comunicado que "a lo largo de todo este juicio el Estado incurrió en maniobras dilatorias, que se exacerbaron una vez que la causa estuvo lista para sentencia".

"Así, desde septiembre el Gobierno lanzó una inusitada campaña de amenazas y presiones contra la Justicia, buscando correr a todos los magistrados que debían tomar decisiones en la misma", afirmó Clarín.

Asimismo, cuestionó que Alak sostuviera que la ley respeta la Constitución argentina y los tratados internacionales.

"Los artículos cuestionados demuestran lo contrario. Se vulnera la libertad de expresión y otros derechos constitucionales al desconocer las licencias de medios independientes, quitarle sustentabilidad a los mismos, favorecer a los grupos paraestatales y restringir a los medios de libre creación que no usan espectro radioeléctrico", sostuvo Clarín.

La Ley de Medios Audiovisuales fue aprobada por el Congreso argentino hace más de tres años, pero la aplicación de los artículos que obligan a desinvertir a los grupos que excedan el tope de licencias de radio y televisión ha sido aplazada debido a medidas cautelares dictadas por la Justicia a petición de Clarín.

La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Clarín considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país.