El futuro de Garoña sigue pendiente de la decisión última del Gobierno

El futuro de la central de Garoña sigue pendiente de la decisión que adopte el Gobierno sobre la nueva tasa del combustible nuclear, que establece el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y que debatirá el próximo Pleno del Congreso.

La central nuclear de Garoña (Burgos), la más pequeña y antigua del país, paró anoche su reactor a las 22.57 horas y se desconectó de la red eléctrica, debido a que considera que la nueva fiscalidad hace inviable su negocio.

Su propietaria, Nuclenor (participada al 50 % por Endesa e Iberdrola), sí estaría dispuesta a continuar en operación si se anula o cambia la tasa (2.190 euros por kilogramo de combustible nuclear gastado).

Este impuesto también ha impulsado a Almaraz I (Cáceres) a parar de forma transitoria su reactor para sortear el pago de unos 90 millones de euros.

Para ello, el nuevo combustible será cargado en el reactor los días 2 y 3 de enero si no hay cambios en la ley de medidas fiscales, que entrará en vigor el día 1.

Por otro lado, el PSOE ha sostenido que detrás del cierre de Garoña se oculta una negociación "soterrada" entre el Gobierno y las eléctricas para que éstas acepten las nuevas tasas sobre el combustible nuclear y, a cambio, se les permita prorrogar la vida útil de sus nucleares hasta los 60 años.

En declaraciones a Efe, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha definido como "muy complicada" la situación generada, que -ha opinado- tampoco se resolverá en el próximo pleno del Congreso.

Según Morán, al Congreso solo le quedan el próximo jueves dos vías: convalidar las enmiendas aprobadas por el PP en el Senado o votar en contra, con lo que habría que aprobar el texto primero que llegó a la Cámara Baja.

Y el proyecto original debatido en la Cámara Baja, que ya preveía los nuevos impuestos sobre el combustible nuclear gastado, no se puede modificar.

"Este texto es tan catastrófico como el del Senado", ha destacado Morán, en cuya opinión lo único razonable que puede hacer el Gobierno es aprobar con carácter de urgencia una ley con un único o varios artículos.

Por su lado, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, ha responsabilizado a Nuclenor del cierre de Garoña, una decisión que ha calificado de "errónea" aunque ha eludido calificarla como un "chantaje" al Gobierno.

Ruiz Medrano ha recordado que la postura del PP ha sido mantener abierta Garoña, siempre que los informes del CSN fueran favorables, y ha expresado el compromiso del Ejecutivo "para seguir abriendo las puertas ante cualquier resquicio que pudiera agotarse en estas horas".

A su vez, la organización ecologista Greenpeace ha exigido hoy al Gobierno que no ceda al "chantaje" de las eléctricas con Garoña, y ha denunciado la "prepotencia" de Nuclenor al afirmar que el cierre de la central podría revertirse si el PP modifica la nueva ley de medidas fiscales.

Según Greenpeace, la declaración de Nuclenor "destapa en toda su crudeza la situación de dominación de las eléctricas sobre el mercado eléctrico, sobre el Gobierno de España y sobre el Parlamento".

En declaraciones a Efe, Castejón se ha mostrado convencido de que la aplicación de la tasa sobre los residuos radiactivos que tramita el Parlamento sería "perfectamente asumible" por la empresa.

Según han informado a Efe fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear, Garoña podrá proceder en tres o cuatro días a la extracción del uranio de su reactor y almacenarlo en su piscina.

La autorización para operar de esta central expira el próximo 6 de julio de 2013, que es el horizonte temporal con el que trabaja el CSN, han añadido.