Guindos asegura que el banco malo no costará dinero público

El asunto del dinero público con el que se va a ayudar a los bancos es clave para cualquier gobierno europeo, pero aún más para uno como el español, dominado por liberales como el ministro de Economía, Luis de Guindos, y presidido por una persona como Mariano Rajoy que prometió en el debate electoral que él no daría dinero público a los bancos como había hecho el PSOE. Por eso la aprobación del banco malo, al que Rajoy se resistió durante meses, es un trágala para el Ejecutivo forzado por las condiciones del rescate financiero, según recordó ayer el propio Guindos. Sin embargo, para limitar el impacto político de esta medida especialmente en el electorado liberal, contrario a estas ayudas, el ministro explicó ayer, tras aprobar los detalles definitivos del banco malo, que sus cálculos señalan que no tiene por qué suponer costes de dinero público.

El escenario que plantea Guindos es el siguiente. El banco malo se quedará con los activos tóxicos de los bancos y un poco menos del 50% de ese banco será cubierto por el FROB, esto es por el Estado, a la postre por dinero público. Pero, según Guindos, aunque en un primer momento haya pérdidas, en el plan de negocio previsto hay un rendimiento del 15% en 15 años, con lo cual se recuperará el dinero. Esto es, no tendrá coste para los españoles.

“En el plan de negocio que hemos hecho, que es discutible como todos, pero tiene el visto bueno de la Comisión Europea, el banco malo tiene que tener una rentabilidad del 15% en 15 años. Yo espero que no se pierda dinero, en un primer momento habrá pérdidas, pero en el horizonte temporal espero que el FROB, que es como decir todos los españoles, tenga la rentabilidad adecuada”, aseguró Guindos tras el Consejo de Ministros.

El Sareb, que es el nombre del banco malo, cuenta con una exigencia mínima de, al menos, un tercio del total de consejeros independientes. Podrá transferir parte de sus activos a fondos especiales que Guindos llamó fiduciarios, para facilitar el proceso de desinversión. Están pensados para inversores profesionales y su regulación está inspirada en la de los fondos de titulización y las instituciones de inversión colectiva.

El tamaño máximo del conjunto de activos se fija en 90.000 millones de euros, aunque se estima que la cifra se situará en unos 62.000 millones de euros. Se incluye todo el crédito promotor a partir de 250.000 euros, los activos adjudicados inmobiliarios por encima de 100.000 euros y las participaciones en sociedades inmobiliarias.