Ecuador prepara un proyecto de ley para subir las tasas a la banca y limitar los sueldos

La meta del Gobierno es elevar la recaudación para subir de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que reciben mensualmente 1,2 millones de personas en Ecuador.

Actualmente el Estado destina 756 millones de dólares al año a ese fin, a lo que se añadirán unos 340 millones con la subida, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

La propuesta de ese incremento la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la presidencia en los comicios de febrero de 2013, aunque él dijo que la financiaría con los fondos que el Estado destina a publicidad.

Correa, que se prevé que se presente a la reelección, reaccionó prometiendo el mismo alza, pero costeada con un aumento de la tasa sobre los activos de la banca en el exterior y el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios financieros, entre otros gravámenes.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario había dado vía libre a su llegada al pleno tras aprobar ayer el informe sobre la propuesta legislativa de la Presidencia sin modificar su contenido básico.

El asambleísta independiente Rafael Dávila dijo hoy que es inconstitucional y la Asociación de Bancos Privados de Ecuador mantuvo que el proyecto "compromete la viabilidad futura de las instituciones financieras".

La norma impone una tasa del 3 % sobre los ingresos gravables de los bancos y sube del 0,08% a un 0,25 % mensual el impuesto sobre los fondos depositados en el exterior, un porcentaje que se eleva a un 0,35 % mensual si están en paraísos fiscales, entre otras medidas.

El proyecto también da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a la remuneración de los directivos de los bancos.

Así mismo amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos con multas de hasta 73.000 dólares para las instituciones financieras que no entreguen los datos requeridos.

La Asamblea Nacional cuenta con un mes para rechazarlo o aprobarlo, como está o con modificaciones y si los legisladores no se ponen de acuerdo entrará en vigor de forma automática.