Cuantiosa deuda salarial de veinte años paraliza la Justicia en Colombia

El reclamo de los cerca de 45.000 trabajadores públicos ha sido considerado justo hasta por el enfermo vicepresidente de Colombia, el exsindicalista Angelino Garzón, quien el viernes asumió como mediador y logró que el Gobierno y el sindicato del ramo designaran comisiones para retomar el diálogo, roto abruptamente el miércoles.

Garzón, a quien se le diagnosticó un cáncer de próstata mientras se recuperaba de una isquemia cerebral y una dolencia cardiaca, lo que puso en duda su continuidad en el cargo, se ha marcado como reto superar esta crisis que mantiene apenas activos los pocos servicios judiciales esenciales, como diligencias en casos de detenciones.

El viernes organizó un encuentro con el comité de paro de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) en su despacho.

"Yo considero que la reclamación salarial de los jueces y empleados es bastante justa", declaró Garzón antes de recibir a los portavoces de los funcionarios, que el viernes llenaron el centro de Bogotá con una gran protesta en la que organizaron un simbólico cortejo fúnebre como alegoría a la muerte de la Justicia.

Y es que la actualización salarial que reclaman los empleados de Justicia es un mandato legal de hace veinte años y que nunca se pagó, por lo que el coste para el Estado asciende hoy a la desorbitada cifra de 758.000 millones de pesos (unos 417,17 millones de dólares).

"La reunión con Garzón fue supremamente cordial y nos ofreció su mediación, como antes lo hizo con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa", reconoció a Efe el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro.

El Gobierno reconoce que tiene esa obligación con el sector, congestionado y con una carga laboral que hace penosa la situación, pero discrepa con Asonal Judicial en los plazos para efectuar el pago de la deuda.

En el diálogo roto el miércoles, la ministra Correa ofreció saldar el pago de forma gradual en quince años, con una primera asignación en 2013 de 140.000 millones de pesos (77,05 millones de dólares).

Esa cuota está muy por debajo de la primera de las tres partidas exigidas por Asonal Judicial para cubrir el atraso salarial, para cuya cobertura el Consejo Superior de la Judicatura, administrador del sector, establece un plazo de tres años.

Este órgano respalda la solicitud de los funcionarios, pero al tiempo ha invitado a los huelguistas a "levantar el paro" bajo la advertencia además de que deben cumplir con las metas previstas, incluida la descongestión.

Según el Consejo, en el primer semestre de este año la Rama Judicial recibió algo más de 1,14 millones de procesos nuevos y resolvió 1,17 millones, contando con que el año 2011 concluyó con un inventario de 2,49 millones de procesos.

De esta manera, a junio de 2012 los procesos acumulados sumaban 2,13 millones.

Cifras del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, recogidas por la ONG Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), exponen que Colombia tiene 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, que ubican a este país en una posición intermedia si se tiene en cuenta por ejemplo que Rusia tiene 24,2 y Chile 6,5.

Aún así, la CEJ advierte de que en Colombia, donde 128 de sus más de 1.100 municipios no tienen jueces, "hay deudas pendientes en materia de acceso a la Justicia".

La directora de la CEJ, Gloria María Borrero, admitió a Efe que la huelga "es válida", pero indicó que "la nivelación tiene que estar atada a resultados", al resaltar que entre los desafíos que afronta la Justicia colombiana está la "relegitimación del papel del juez".

En Colombia, el salario promedio mensual de un juez ordinario es de cuatro millones de pesos (2.201 dólares), cuando un magistrado de las Altas Cortes gana 19 millones (10.456 dólares).

José Guillermo Herrera