El Supremo acaba los trámites antes de fallar sobre indulto a Alfredo Saénz

Según fuentes del Alto Tribunal, la Sala de lo Contencioso- Administrativo ha solicitado a la Abogacía del Estado y a la representación legal de Sáenz que emitan sus conclusiones sobre el recurso que presentó un pequeño accionista del Santander contra la concesión del indulto, que es el más avanzado de los existentes.

Después de que se cumpla ese paso, lo que está previsto para octubre, los magistrados fijarán la fecha definitiva para fallar sobre el recurso.

En su última reunión, del 25 de noviembre de 2011, el gabinete en funciones de Rodríguez Zapatero conmutó por una multa la pena de tres meses de prisión e inhabilitación que el Supremo había fijado para Sáenz, aunque apostilló que quedaban "sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria".

De esta manera, el Ejecutivo intentaba que no se le aplicara el real decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito, que establece que carecen de la honorabilidad exigida para ejercer la actividad bancaria "quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos".

Los recursos presentados contra la decisión del Gobierno hacen hincapié en que la Ley del Indulto faculta al Ejecutivo a conmutar la pena de prisión e inhabilitación pero no le permite cancelar los antecedentes penales de Sáenz y, por tanto, evitar que se le apliquen sanciones administrativas como la del real decreto.

El recurso del accionista David Esteban Alija es el más avanzado de los tres presentados ante el Supremo (el de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) fue rechazado por falta de legitimación activa, lo que ha sido rebatido, y el de los empresarios catalanes que consiguieron que se condenara a Alfredo Sáenz por denuncia falsa sigue su curso).

En marzo de 2011, el Supremo condenó al consejero delegado del Banco Santander a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.

Alfredo Sáenz es el único de los condenados por el Supremo por el caso de la denuncia falsa que continúa desempeñando un cargo en banca, después de que Miguel Ángel Calama abandonara en septiembre su puesto de director general de Globalcaja para acogerse al plan de prejubilaciones de esta entidad rural.