Nuevo fracaso de negociaciones entre UE e Islandia sobre la pesca de caballa
La última ronda de discusiones, que tuvo lugar ayer en Londres, no logró encontrar una solución a los tres años de disputa entre las partes, un hecho sobre el que la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, se muestra "muy decepcionada", según explica en un comunicado colgado en su página web.
Damanaki precisa que "las discusiones sobre el acuerdo para el reparto de cuotas no fueron fructíferas", ya que "las respectivas posiciones se mantienen demasiado alejadas".
Fuentes comunitarias precisaron que Islandia ha pedido entre un 15 y un 17 % de la cuota de caballa en la zona, mientras que la UE y Noruega ofrecen un nivel inferior al 14 %.
"Todas las partes han acordado que el esfuerzo para encontrar un acuerdo debería continuar en otoño, como parte del proceso de consultas de los Estados costeros", indica el comunicado.
Además, coinciden en "la necesidad de respetar el consejo científico".
Pero ni existe aún una fecha para la próxima reunión, ni este último fracaso es como otros anteriores, ya que está previsto que el Parlamento Europeo vote en septiembre un nuevo instrumento legal que permitirá a la UE adoptar sanciones contra Islandia y las islas Feroe.
El nuevo reglamento, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo, prevé medidas comerciales que incluyen la prohibición de las importaciones contra terceros países que permitan una pesca no responsable, además de restricciones al uso de puertos europeos por parte de buques con bandera de esos Estados.
Irlanda, España, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Reino Unido pidieron en el Consejo de Ministros de Pesca celebrado el pasado julio que el reglamento se aplique contra Islandia desde su entrada en vigor, previsiblemente en octubre.
Finlandia y Suecia quieren también un cambio de actitud, pero confían en no tener que recurrir a las sanciones, recordaron fuentes comunitarias.
Islandia y las islas Feroe han aumentado desde 2011 sus cuotas de pesca de caballa hasta las 150.000 toneladas, muy por encima de sus derechos históricos, lo que, según la UE, supera las recomendaciones científicas y sitúa esos recursos al borde del colapso.
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