Peligro: un político en el Consejo

La salida de Iñaki Urdangarín del Consejo de Administración de Telefónica Internacional por su imputación en el caso Nóos ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana la peligrosa relación que existe entre la política y la empresa. Una relación que iba en aumento en las compañías que cotizan en el Ibex 35 hasta este año, cuando la dimisión de Rodrigo Rato y el órgano rector en pleno de la intervenida Bankia (y sus participadas), ha dejado por el camino a muchos expolíticos convertidos en administradores.

 El expresidente del Gobierno Felipe González es el político de mayor rango presente en los consejos de administración de las 35 mayores empresas españolas. Lo fichó Gas Natural a finales de 2010, pocos meses antes de que José María Aznar fuese contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo). Más de una decena de exministros ocupan los sillones de mando de otras tantas compañías del selectivo: Abengoa (José Borrell), FCC (Marcelino Oreja), IAG (José Pedro Pérez Llorca), Iberdrola (Ángel Acebes), OHL (Juan Miguel Villar Mir), Repsol (Luis Carlos Croissier), Técnicas Reunidas (Javier Gómez Navarro)... y, en dos de ellas, es por partida doble o triple, como en Banco Santander (Isabel Tocino, Abel Matutes y Matías Rodríguez Inciarte) y en Red Eléctrica (Miguel Boyer y Ángeles Amador).

¿Profesionales o conseguidores?, su designación genera conflictos de interés

Algunas optan por dirigentes de otros países, como Telefónica con el exministro brasileño Luis Fernando Furlán o Repsol con el exviceministro Henri Philippe Reichstul, también brasileño. En Gamesa, una comisaria europea (Benita Ferrero-Waldner) da lustre al consejo. En IAG se trata de un exsecretario del Tesoro de Estados Unidos (John Snow).

Pero hay mayor profusión de ex altos cargos públicos de menor responsabilidad sentados en los órganos de decisión de las empresas del Ibex. Abengoa, Abertis, Acerinox, ACS, Amadeus, Banco Santander, BBVA, Enagás, Ferrovial, IAG, Indra y Red Eléctrica han contratado a exsecretarios de Estado, antiguos subsecretarios, directores generales y subdirectores. En Enagás hay tres administradores de este tipo.

La lista de ex políticos consejeros es mucho más larga. Otra treintena de nombres que ocupan hoy los sillones de mando de las compañías líderes españolas pasaron por la Administración Pública estatal y autonómica, o fueron designados por ella para presidir empresas e instituciones participadas, o ejercieron como dirigentes de partidos políticos, como diputados o simplemente son familiares directos o amigos de políticos. Y podían haber sido más si no se hubiese parado el nombramiento del marido de María Dolores de Cospedal o del hermano de Álvaro Nadal como consejeros de Red Eléctrica en marzo de este año. O si CaixaBank no hubiese prescindido del alcalde de Banyoles como administrador.

La pregunta que subyace en torno a la entrada de políticos en los órganos de decisión de las empresas es si estas les contratan por su red de influencias o por su cualificación. Y es aquí donde los especialistas distinguen entre unos consejeros y otros. “Si se trata de políticos que antes trabajaron en el mundo privado, luego pasaron a la función pública y después vuelven al sector privado, la evolución de su carrera es buena y pueden aportar tanto en el ámbito público como en el privado. En cambio, si su trayectoria profesional es solo política y ahora usan esa plataforma para colocarse en el mundo de las finanzas, la fórmula puede ser perversa, porque lo que se deduce es que lo que aporta a la empresa son relaciones y eso puede derivar en conflicto de interés”, opina José Ramón Pin, profesor de IESE. En los consejos del Ibex, “de la primera tipología hay pocos. Son muchos más de la segunda”, matiza.

Francisco Longo, secretario general de Esade, establece otro tipo de distinción. Habla de políticos en activo y expolíticos. En su opinión, tiene poco sentido que políticos en activo entren en los consejos de administración, como ha sucedido en las cajas de ahorros, incluso cuando la participación pública en el capital de las empresas es alta. En el caso de los altos cargos que han dejado de serlo, “hay que conseguir un equilibrio aceptable. Cuando son buenos, tienen experiencia de Gobierno, pueden aportar a las compañías privadas y beneficiarlas. Pero tiene contraindicaciones. Puede ocurrir, y de hecho ocurre, que se les designe por sus contactos en lugar de por sus cualidades”.

Para Juan Iranzo, presidente del Club de Consejeros de España, los políticos aportan a los consejos de administración “conocimiento, experiencia y capacidad de decisión. Lo mismo que el resto de administradores”. Iranzo, miembro del politizado consejo de Red Eléctrica, del que descarta opinar, defiende una interrelación entre la vida política y empresarial, el trasvase de profesionales de un área a la otra.

Algo que el exministro Manuel Pimentel comparte, pero con matices, pues en su opinión los políticos no solo deben esperar los dos años que fija la ley de incompatibilidades para saltar a la esfera privada, sino “lo que aconseja la prudencia, que es dejar pasar al menos tres o cuatro años”. Pimentel recomienda tener cuidado con las compañías que solo buscan a ex altos cargos por sus contactos o como conseguidores. Lo que, según el cazatalentos Carlos Alemany, es lo más frecuente, ya que “existen políticos capaces, pero hasta ahora no han demostrado gran capacidad en el ámbito público, y muchos de ellos no han tenido nada que ver con la gestión”.