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El recorte del déficit de tarifa siembra la discordia en el Gobierno del PP

Los límites a las energías renovables enfrentan a Soria y Montoro

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Cuentan que si te han explicado el sector eléctrico y lo has entendido es que no te lo han explicado bien. Bajo una maraña regulatoria que suele caer del lado de las eléctricas, los consumidores españoles han contraído durante más de una década una deuda con las empresas de 24.000 millones de euros (más de 500 euros por habitante). Es el desfase entre los costes reconocidos al sistema eléctrico y el precio de la electricidad que fijaba el Gobierno. La bola, que creció sin que el Ejecutivo del PSOE se decidiera a atajarla, ha alcanzado tal nivel y voracidad que engulle todo lo que le toca. Lo último, la unidad del Gobierno del PP.

Nada más llegar al poder, el Gobierno del PP anunció que en unos meses tendría una solución al déficit de tarifa y que sería equitativa entre consumidores, gobierno y empresas. A los hogares ya les ha subido la luz y ha impuesto una moratoria a las renovables. Pero lo duro —cómo atajar los costes del sistema— sigue encallado. El ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó que esa reforma estaría lista en junio, después dijo que en septiembre y finalmente el de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado a Bloomberg que no es prioritaria.

Las primas a las renovables supusieron en 2011 casi 6.500 millones y es un capítulo que Industria no piensa dejar crecer. No es algo nuevo. El primer recorte se lo impuso el socialista Miguel Sebastián en 2011. Entonces recortó las primas a la fotovoltaica —que había crecido sin control en 2008 por una retribución demasiado generosa fijada dos años antes— y limitó las horas que podían funcionar. La bajada fue impugnada por fondos de inversión, muchos de ellos internacionales, en el tribunal internacional de Londres. Alegaban que eso generaba inseguridad jurídica. Tenían una fabulosa inversión garantizada por el Boletín Oficial del Estado y a los pocos años de cobrarla veían cómo se les recortaba.

Entre el sector y las fuerzas políticas hay una puerta giratoria

El Supremo, que también recibió una casada de recursos nacionales, ha avalado en parte ese recorte al considerar que España aún garantiza a los inversores una “rentabilidad razonable”. Para evitar la temida retroactividad y la mala imagen exterior, Soria apostó por crear un nuevo impuesto a la electricidad, contra lo que no podrían alegar las empresas. Pero ese impuesto no sería igual para todas las fuentes, sino que iría del 19% para la fotovoltaica al 4% de la generación ordinaria (carbón). Su argumento es que la solar fotovoltaica, la termosolar o la eólica obtienen retribuciones fijas —primas— mucho mayores que el resto.

Pero al no plantearlo similar a todas las tecnologías, la reforma corre el riesgo de ser denunciada por discrimnatoria. La Comisión Europea —celosa del déficit público pero también de los objetivos verdes— ya ha advertido que no quiere que se penalice a las renovables.

Es a lo que se acoge Montoro, que apuntó que si Industria quiere atajar el déficit puede ir por la vía del recorte de primas y esgrime que ya ha avalado en parte el Supremo.

Cualquier cambio, por incomprensible que sea, enfrenta a un sector enormemente poderoso. Son las eléctricas tradicionales (Endesa, Iberdrola, Gas Natural) contra las renovables (Acciona, ACS, Abengoa y muchos fondos de inversión y sus correspondientes embajadas).

En el punto de mira no solo están las renovables, sino también las hidráulicas y las nucleares. La Comisión Europea, que vigila el proceso, ha advertido que reciben una "compensación excesiva" y ha cargado contra las subvenciones a las minas del carbón. Un recorte a la hidráulica daña a Ibedrola y uno al carbón afecta a Endesa.

Aunque proliferan las acusaciones de conflicto de intereses —la última es que el hermano de Montoro asesora a las renovables—, la puerta giratoria entre la empresa y la política va tan rápido que quedarían pocos partidos libres de sospecha. Felipe González está en Gas Natural, Elena Salgado en Endesa, Pedro Solbes en Enel y José Borrell en Abengoa. Aznar es consejero de Endesa (donde se sentaba junto al ministro de Economía, Luis de Guindos) y Acebes está en Iberdrola.