Empleados de la Cancillería se unen a las huelgas en el sector público brasileño

La huelga es respaldada por el personal que no forma parte del cuerpo diplomático, que exige aumentos salariales de entre un 30 y un 45 por ciento y una revisión del sistema de ascensos, informaron fuentes sindicales.

El sindicato agregó que la huelga es respaldada por empleados de embajadas y consulados en Argentina, Paraguay, España, Portugal, Bulgaria, Bélgica, Italia, Israel, India, Reino Unido, Australia, Siria y el Líbano, entre otros países, lo que no fue confirmado por fuentes oficiales.

Añadió que la paralización afecta a la emisión de visados y pasaportes consulares, entre otros servicios, y que se mantendrá por tiempo indefinido hasta que el Gobierno acepte dialogar sobre sus exigencias.

La huelga se suma a la que mantienen, en algunos casos desde hace meses, diversos sectores de la administración pública, como algunos departamentos de la Policía Federal, de una docena de ministerios, de universidades y la administración tributaria, entre otros.

Las demandas son tan diversas como los propios sectores en huelga y llegan a exigencias de alzas salariales en torno al 45 por ciento.

El Gobierno alega que no está en condiciones de atender demandas de esa naturaleza debido a recortes presupuestarios impuestos por la delicada coyuntura económica internacional.

No obstante, ha ofrecido a algunos de los sectores en huelga aumentos salariales escalonados, que en ninguno de los casos llegan a lo que exigen los sindicatos.

Según la Confederación Nacional de Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef), a las diversas huelgas se han adherido unos 370.000 de los 800.000 empleados públicos, aunque el Gobierno sostiene que no llegan a 80.000.

El Ministerio de Planificación, responsable de las negociaciones, ha endurecido su posición y advirtió hoy de que unos 11.000 empleados de diversos ministerios pueden ser sancionados y tener descontados de sus salarios los días que, alegando estar en huelga, no acudieron a sus puestos de trabajo.

Las negociaciones se habían suspendido y se reanudaron esta semana con la previsión de que concluyan antes del 31 de agosto, cuando el Gobierno enviará al Congreso su presupuesto para 2013, que deberá incluir la previsión de gastos con los salarios de los empleados públicos.

La más prolongada de estas protestas la mantienen los profesores de las universidades públicas, que esta semana cumplió tres meses, aunque los sindicatos se han dividido y algunos de los centros de estudio han retomado las actividades los últimos días.

Según el Ministerio de Educación, al menos 20 de las 59 universidades públicas ya ha aceptado una propuesta de reajustes progresivos para los profesores, que de acuerdo a sus categorías acumularán subidas de entre el 24 y el 45 por ciento hasta 2015.