Los representantes de afectados por parálisis cerebral alertan contra los ajustes

Jaume Marí, presidente de la Confederación ASPACE, señala en un comunicado que ha hecho público esta asociación hoy que "si no se logra un gran pacto social, la reforma de la Ley de Dependencia podría quedarse en una mera iniciativa para contener el gasto".

El pacto de Estado debería incluir a las administraciones públicas, los agentes sociales, a los partidos políticos y al Tercer Sector de la discapacidad y tendría que consensuar la reforma de la conocida como Ley de Dependencia, dice.

Si no se lleva a cabo este acuerdo, considera Marí, "se corre el peligro de que la comprensible reducción en la financiación termine afectando de forma directa a las personas con mayor grado de dependencia y acabe generando la discriminación y la desigualdad que pretende evitar".

Para lograr consensuar las iniciativas que materialicen esa reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "resulta imprescindible contar con la participación de los centros que llevan años prestando servicios de atención a las personas con discapacidad", concluye.

Las más 70 entidades que integran ASPACE cuentan con cerca de 18.000 asociados, principalmente personas con parálisis cerebral, familiares y amigos, y ofrecen servicios de atención directa a 8.400 afectados, con más de 3.800 profesionales y cerca de 1.600 voluntarios trabajando en los distintos Centros, según informa la entidad en su página web.