El Constitucional alemán decidirá sobre el pacto fiscal y el MEDE en septiembre

El Tribunal Constitución alemán decidió el pasado 10 de julio aplazar su fallo ante los distintos recursos de urgencia presentados a raíz de la ratificación de las dos leyes por parte del Bundestag y el Bundesrat, las dos cámaras parlamentarias germanas.

El tribunal escuchó entonces en una sesión de más de diez horas a representantes del Gobierno y los querellantes, quienes denuncian que la aprobación del pacto fiscal y el MEDE socava la soberanía presupuestaria del Parlamento germano.

Las denuncias y su aceptación a trámite por el Constitucional supusieron en la práctica la congelación de la entrada en funcionamiento del MEDE, prevista para el pasado 1 de julio, al que Berlín realiza la mayor contribución.

Tras la presentación de las denuncias fue el propio Tribunal Constitucional el que pidió al presidente de Alemania, Joachim Gauck, que no rubricara las leyes sobre el pacto fiscal de la UE y el MEDE hasta que los jueces se pronuncien.

El presidente del Tribunal Constitucional, Andreas Voßkuhle, aseguró entonces que una decisión precipitada podría malinterpretarse, tanto en Alemania como en Europa, debido a la trascendencia del asunto en cuestión.

"Por eso parece razonable tomarse algo más de tiempo" para un análisis exhaustivo de la cuestión y los recursos planteados y, aunque el alto tribunal acostumbra a fallar en los casos de urgencia en pocas semanas, en este caso Voßkuhle habló de meses.

Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que se personó en el Constitucional para defender la postura del Gobierno, abogó por un fallo rápido debido a la incertidumbre reinante en los mercados financieros.

"El nerviosismo en los mercados es muy grande. El Gobierno federal no quiere ejercer ninguna presión. Pero es una cuestión de semanas", afirmó el veterano político cristianodemócrata.

Entre la media docena de denuncias contra el pacto fiscal de la UE y el MEDE por atentar contra la soberanía del Parlamento germano se encuentran las presentadas por el partido de La Izquierda, el único que votó en contra, y la asociación "Más democracia", que respaldan unos 12.000 ciudadanos, entre ellos diputados disidentes de la coalición gubernamental.