Las diputaciones no disponen de medios para nuevas funciones

El Gobierno quiere evitar duplicidades y ahorrar reforzando el papel de las diputaciones provinciales. Hacienda presentó el viernes ante el Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de ley con el que pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local y, entre otras cuestiones, poder establecer los estándares mínimos de calidad que los Ayuntamientos deberán cumplir para prestar los servicios. Los que no los alcancen y tengan menos de 20.000 habitantes deberán traspasar sus competencias a su diputación. Las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada serán eliminadas, lo que, según el Gobierno, conllevará un ahorro superior a los 700 millones, y de sus competencias también se ocuparán las diputaciones. Pero el proceso para que estas instituciones puedan asumir esas nuevas funciones no es sencillo.

“El papel habitual de las diputaciones ha sido de asistencia y cooperación a los municipios. No están preparadas para asumir la prestación directa sobre el terreno. Se tendrían que adaptar”, afirma Rafael Jiménez Asensio, consultor institucional. Apunta que es “un proceso de redefinición institucional y organizativo muy complejo y largo”. A partir del momento en el que entre en vigor la reforma, los Consistorios dispondrán de un año para evaluar sus servicios.

“Se va a tratar de una encomienda de la prestación. Eso deja muchos flecos sin resolver”, añade Jiménez Asensio, y pone como ejemplo que aunque la diputación se ocupe de la gestión del tratamiento de los residuos, con el redactado actual, establecer la tasa que los ciudadanos tienen que pagar por ello seguiría correspondiendo a las entidades municipales.

El PSOE cree que la medida encierra la privatización de servicios públicos

Otra de las cuestiones a analizar sería el traspaso de personal. Habría que evaluar el coste de trasladar a trabajadores de los municipios a las sedes de las diputaciones, situadas en las capitales de provincia, así como el de homogeneizar sus condiciones laborales con las de la plantilla de su nuevo destino. “Las diputaciones tendrán que pedir personal y a los Ayuntamientos no les será fácil deshacerse del suyo porque muchos son funcionarios”, apunta Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

En España hay 38 diputaciones de régimen común y las tres forales del País Vasco. En conjunto cuentan con un presupuesto de 6.000 millones de euros anuales y más de 1.000 diputados, más personal de confianza, asesores y funcionarios o personal laboral. Rajoy minimizó en la Cámara baja la deuda que tienen: “Es de 4.000 millones, frente a los 80.000 del conjunto de las Administraciones”.

El debate sobre la necesidad o no de las diputaciones salta a la palestra periódicamente. Manuel Villoria, por ejemplo, no solo cuestiona la eficacia de la reforma del Gobierno. Va más allá: “Las diputaciones no son la respuesta. No añaden valor. No es viable trabajar con cuatro niveles de gobierno y ser eficiente”. Como tampoco lo es, en su opinión, tener 8.100 Ayuntamientos. “La solución lógica es ir hacia la fusión de municipios”, remarca. Esa postura la comparte UPyD, cuya portavoz, Rosa Díez, le espetó a Rajoy el miércoles en el Congreso que las diputaciones no son elegidas por los ciudadanos.

Entre quienes abogan por su eliminación se encuentra también el expresidente Felipe González. La semana pasada volvió a argumentar que solo el 20% del dinero que manejan “llega a la gente”, y que el 80% restante se dedica a gasto corriente. Mostró también sus reticencias a la existencia de cuatro ámbitos en la Administración española.

Antes de las elecciones generales del 20-N, el debate lo puso de actualidad precisamente el PSOE, al plantear que las diputaciones fueran sustituidas por consejos de alcaldes. Pero del congreso del partido en febrero salió otra propuesta. Los socialistas proponen ahora hacer un estudio por comunidades y que fruto del acuerdo entre Gobierno autónomo y Ayuntamientos se decida qué Administración intermedia debe ser la que “únicamente” preste determinados servicios, bajo los criterios de “eficacia y austeridad”. “Estamos plenamente decididos a simplificar los escalones de la Administración, pero vamos a plantear un proyecto de ley alternativo al del Gobierno”, afirma Gaspar Zarrías, secretario federal de ciudad y política municipal del PSOE.

En su opinión, la medida del PP “encierra el desmantelamiento de los servicios que prestan los Ayuntamientos y su privatización”. “La nueva norma establece que si las diputaciones no pueden prestar de forma directa los servicios que se les encomienden podrán hacerlo de forma indirecta”, comenta Zarrías, y ahonda en la idea de que al no ser entidades prestadoras de servicios tendrán que crearse nuevas estructuras “más caras”.

El debate sobre las diputaciones sigue abierto pero, de momento, van camino de verse impulsadas.