Bruselas no aprecia que los sondeos petrolíferos en Canarias vulneren la ley

En un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 23 de junio, la Comisión deja constancia de que ha recibido "gran número de denuncias" contra los permisos otorgados a un consorcio liderado por Repsol para comprobar si existen hidrocarburos en una zona de Atlántico situada entre las Islas Canarias y la mediana divisoria de las aguas españolas y marroquíes.

Esas quejas proceden de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que se han manifestado de forma reiterada en contra de que se permita esa actividad petrolífera frente a sus costas, y de organismos privados y, en breve, se sumará a ellas la queja formal que el Gobierno de Canarias pretende elevar a Bruselas.

La Comisión Europea ya adelanta que "no tiene razones para creer que dichas prospecciones puedan infringir la legislación vigente de la UE, pero ha solicitado a las autoridades españolas que expliquen de qué modo se garantizará el cumplimiento de dicha legislación".

En particular, quiere que España le detalle qué medidas va a tomar para que esos sondeos cumplan "la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente".

Repsol obtuvo los primeros permisos para estudiar la potencia petrolífera de esos fondos marinos en 2001, pero el Tribunal Supremo los anuló tres años después porque esas autorizaciones no contaban con las medidas de protección ambiental exigidas por la ley.

El Consejo de Ministros revisó esa decisión en marzo de este año y volvió a autorizar a Repsol a realizar esos trabajos de búsqueda de hidrocarburos en nueve cuadrículas del Atlántico, si bien a condición de cumplir una serie de exigencias de carácter ambiental.

La decisión se ha encontrado desde entonces con el rechazo de las principales instituciones canarias, desde el Gobierno y el Parlamento autonómicos, hasta los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que temen que esa actividad pueda dañar al patrimonio natural de las islas y arruinar su potente industria turística.

El Gobierno canario y el Cabildo de Lanzarote incluso han pedido al Supremo que paralice esas autorizaciones, con argumentos como que pretenden eludir su sentencia de 2004 o que no cuentan con las suficientes garantías de protección del patrimonio medioambiental.

El pasado 4 de junio, el Supremo les contestó que "difícilmente puede admitirse" que, con los nuevos permisos, el Consejo de Ministros haya "tratado de eludir la sentencia cuando, en realidad, tiene como objetivo y designio precisamente el de incorporar al proyecto de investigación y al programa de trabajos las medidas medioambientales cuya falta de pusimos de relieve (en 2004)".

Y en otra resolución publicada al día siguiente, el Supremo explica, por un lado, que no aprecia que los sondeos vayan a causar un daño irreparable al patrimonio natural o al sector turístico de Canarias y, por otro, que "no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país".