Bruselas plantea que acreedores y accionistas costeen quiebras bancarias

“Los bancos son globales cuando viven, y nacionales cuando mueren”. Esta frase del gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, resume las turbulencias de un sector que desde que empezó la crisis ha obligado a los Gobiernos europeos a comprometer 4,5 billones de euros (entre desembolsos directos y garantías de los Estados). La propuesta que la Comisión Europea ha presentado este miércoles trata de acabar con esta paradoja.

La iniciativa de Bruselas, que recoge recomendaciones acordadas por el G-20 en 2009, trata de asegurarse de que las crisis financieras no las paguen los ciudadanos, sino las propias entidades. Pero aunque salga adelante, la iniciativa no servirá para resolver el tremendo lío en el que los bancos han metido a Europa, sino para evitar problemas en el futuro. No obstante, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha destacado a través de un comunicado que "la propuesta es un paso esencial hacia la unión bancaria en la UE y hará al sector bancario más responsable".

En la misma línea, el propio Barnier ha reconocido en la presentación ante los medios de la propuesta en Bruselas que "no sirve para resolver la crisis actual", pero sí será útil para que no se repitan problemas como el caos provocado por la quiebra de Lehman Brothers en 2008.

La Comisión aboga por una red de fondos nacionales de intervención

La Comisión confía en poner de acuerdo al Consejo y al Parlamento Europeo para que el nuevo marco regulatorio entre en vigor durante la primera mitad del próximo año. La propuesta supone un acercamiento a la unión bancaria europea, pero evita crear un fondo común para todos los Estados miembros con el que rescatar a las entidades al borde de la quiebra.

En su lugar, cada Estado miembro dispondrá de su propia hucha alimentada por el sector financiero. Pero la norma establece la obligación de que si un país requiere ayuda, los otros tendrán que socorrerlo a través de préstamos de sus fondos nacionales. Estos fondos deberán ser cubiertos con antelación con un 1% de los depósitos bancarios protegidos.

¿Por qué los reguladores no han impedido la crisis actual y sí podrán hacerlo en el futuro? “Ahora nadie dispone de unas autoridades tan potentes como las que contempla esta propuesta. Cada país podrá organizar sus entes reguladores, pero será obligatorio que separen los trabajos de supervisión y de intervención", señalan fuentes comunitarias. El objetivo es que no vuelva a pasar que un organismo tape sus errores de diagnóstico y posponga la intervención.

La iniciativa europea contempla los siguientes pasos:

Prevención. Todo el plan se basa en el principio de que la prevención es siempre preferible a actuar cuando la bomba ya ha explotado. Por ello, cuando las autoridades detecten el deterioro de la situación financiera de una entidad podrán tomar medidas como restringir actividades comerciales o cambiar aspectos legales o de la operativa del banco. "Es más barato que curar", ha destacado Barnier.

Intervención temprana. En esta fase ya es la solvencia de la entidad la que está en juego. El regulador tiene derechos reforzados que incluyen convocar a los accionistas para proponer un plan de salvamento, exigir a la institución que diseñe un plan para reestructurar la deuda o incluso nombrar nuevos gestores.

Rescate. Cuando el banco en cuestión esté próximo a la insolvencia y el interés público esté en juego, el Estado tendrá cuatro herramientas principales: imponer la venta de todo o parte del negocio, crear un banco puente (una entidad pública a la que se transfiere el negocio), obligar a separar los activos o a crear un banco malo, y, por último, imponer a los acreedores una quita, o pérdidas a los accionistas.

Este instrumento no está pensado para recapitalizar bancos ineficientes, sino para mantener la actividad normal de la institución. Se entra en este momento en la fase más agresiva del proceso. Para que se decrete es necesario que el regulador justifique que no hay posibilidad de que la entidad sea solvente y que es imprescindible para preservar la estabilidad financiera.

Accionistas y acreedores solo podrán reclamar cuando el proceso ya haya concluido. Y tendrán derecho a una indemnización si un juez decreta que el perjuicio ha sido mayor que el habrían sufrido si la entidad se hubiera declarado insolvente.