¿Quién pierde al hundirse las cajas?

Entre los muchos problemas que la crisis financiera generó entre 2007 y 2012, hay uno que ha pasado casi desapercibido: la pérdida de riqueza colectiva que ha supuesto la quiebra de algunas cajas de ahorros y la situación de debilidad en que han quedado otras, lo que ha forzado la entrada en su capital de inversores públicos o privados en verdaderas operaciones de rescate.

Esa pérdida de riqueza colectiva le ha pasado desapercibida a la mayoría de la población porque, aunque las cajas de ahorros eran una institución familiar y presente en la vida de casi todo el mundo, sobre todo de las clases más populares hasta hace bien poco, nadie entendía muy bien de qué se trataba cuando se hablaba de estas entidades, y había versiones para todos los gustos, compatibles y solapadas, sin que a nadie le extrañara: las cajas eran lo mismo un lugar para colocarse mediante unas oposiciones que un sitio al que ir a pedir un préstamo hipotecario; un chollo para quienes, sobre todo en las capitales de provincia, habían conseguido entrar en ellas como empleado, con un peso exorbitante en la vida económica y financiera de la ciudad; una institución que financiaba, a través de la obra social, las más diversas actividades (...).

Entretanto, a la vez ruidosa y silenciosamente, llegó la burbuja inmobiliaria y ese patrimonio colectivo medio desapareció sin que nadie le atribuyera mucha más importancia que la que tenía por su impacto en la economía del país, lo que no era poco. En resumidas cuentas, la quiebra de unas cajas y los problemas de otras se interpretaron como una variante más de la crisis financiera (...) sin caer en la cuenta de que las cajas tenían un matiz muy especial: eran organismos dedicados a actividades propias de los bancos; pero no eran, como la inmensa mayoría de estos, de propiedad privada. Tampoco eran un resto de banca pública. Eran una propiedad colectiva que, como tantas veces ocurre con lo colectivo, nadie se preocupó de defender.

Al contrario de lo que suele decirse, los principales responsables no han sido los políticos, con cuya presencia en las asambleas generales, consejos de administración y comisiones de control de las cajas se hacía material y tangible la participación de municipios y comunidades autónomas en los órganos de gobierno de las cajas.

"Los políticos fueron el coro de palmeros que acompañó o impulsó algunas de las decisiones erróneas más llamativas"

Y es que aunque los políticos hayan tenido algo que ver en ese reparto de responsabilidades por el desastre de las cajas de ahorros, y por mucho que parezca banal recordarlo, los principales causantes de ese desastre han sido los gestores, esto es, los directores generales y presidentes con poder ejecutivo de las cajas.

Si bien hay una tendencia general a atribuir el fracaso al “mangoneo” de los políticos, eso forma parte de su mala prensa, pero que en este caso les enaltece puesto que les atribuye una capacidad que no tienen: la de saber cómo quebrar una institución financiera. Hasta para eso hay que saber cómo hacerlo. Y eso solo lo sabe bien un profesional: una caja o un banco no se hunde debido a las influencias políticas para hacer un aeropuerto sin pasajeros aquí o un polideportivo sin deportistas allá. Quiebra por culpa de una política equivocada, consistente y a gran escala, en la concesión de préstamos. Es decir, una política fallida de captación de depósitos de clientes y equivocada en la concesión de préstamos.

Hubo cajas de ahorros que, en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, crecían cada año un 1% en recursos de clientes y un 35% en la concesión de créditos. ¿De dónde salía la diferencia? Pues o bien de dinero ocioso que previamente se colocaba en el mercado interbancario o bien, cuando esos recursos ya no estaban disponibles, con la medida de tomar prestado en el mercado interbancario; titulizaciones hipotecarias; pagarés...

Los políticos, en general, fueron el coro de palmeros que acompañó a las decisiones equivocadas. O que impulsó alguno de los errores más llamativos: aeropuertos sin viajeros o parques temáticos sin visitantes. (...)

El criterio utilizado es el más sencillo de todos: calcular cuánto dinero público ha tenido que inyectarse en las cajas para mantenerlas a flote. (...)

Con el supuesto, bastante probable, de que esos recursos no se van a devolver y de que el FROB terminará siendo accionista transitorio de todas ellas. A ello se le deberá sumar también la contribución o lo que tendrá que contribuir en el futuro el sector privado mediante las colocaciones en Bolsa o lo que representa la dilución del valor de la acción en los casos de las doce antiguas cajas que ya cotizan en Bolsa a través de sus bancos filiales (Bankia y Banca Cívica), a los que trasladaron el negocio propio de un banco. Pues bien, sin ánimo de alcanzar un nivel de precisión que aquí no tendría mucho sentido, todo esto lleva a la conclusión de que las pérdidas de riqueza comunal rondarán hasta el momento los 30.000 millones.

Dado que la morosidad y las pérdidas por los préstamos impagados va en aumento, es fácil concluir que, con otra recesión a la vista y las dificultades por las que seguirá pasando el sector inmobiliario, la pérdida de riqueza ascenderá a otros 30.000 millones de euros. Si se toman esos 60.000 millones como referencia, para cuando termine el proceso se habrá malogrado el 50% del patrimonio neto que, según el Banco de España, tenían las cajas al comenzar la crisis.

¿Podrá recuperarse? Muy probablemente, no. La necesidad de contar con recursos propios, cada vez más acuciante con la nueva normativa, hará que los bancos filiales de las cajas tengan que ser privatizados paulatinamente. Por lo que esa riqueza comunal pasará, en su mayor parte, a manos privadas. O al FROB, que lo venderá después.

Habrá quien tenga dudas y objete que las cajas siguen existiendo, aunque bajo una nueva naturaleza jurídica; luego la riqueza no se ha perdido. La respuesta es que sí, sí se ha perdido. Antes de la crisis existía una doble riqueza: las cajas como propiedad colectiva y los recursos privados de los inversores que entrarían a formar parte del accionariado de las cajas. En el momento de la privatización, estos recursos han salido de los activos donde estuvieran materializados para adquirir acciones de las cajas.

Y ¿dónde queda la riqueza colectiva? En ningún lado. Ya no habrá propiedad colectiva. Con suerte, los recursos que generen las cajas en el futuro tendrán que aplicarse a devolver los préstamos. Ya no a la obra social. Eso se ve muy bien con el ejemplo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Al haberse producido una quiebra total, la propiedad colectiva se perdió por completo. Ya no hay de donde extraer recursos para dotar a la obra social de la CAM. Ya no hay dividendo social. Ya no hay nada. Si sobreviviera algún rescoldo denominado “obra social de la CAM”, sería algo puramente simbólico; porque el Banco de Sabadell, que se ha quedado con ella, si decidiera por razones de marketing conservar en la zona de Levante alguna actividad benéfica o cultural, lo haría con el nombre de algo que ya no sería propiamente lo que su nombre indicaría. Otro tanto podría decirse de la Caja Castilla-La Mancha o de CajaSur.

Las dos próximas recesiones, de Juan Ignacio Crespo. Editorial Deusto. Precio: 18,95 euros.