Guindos anuncia que negociará con los bancos para reducir los desahucios

El ministro planea una ley para flexibilizar la apertura de pequeños comercios Estima en 1.000 millones el ahorro que tendrían las comunidades si pagaran el mismo interés que el Tesoro

“Promoveremos una ley que agilice la apertura de pequeños establecimientos comerciales”, ha avanzado esta mañana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante su primera comparecencia en la comisión de su área en el Congreso, donde ha repasado las reformas estructurales que está poniendo en marcha el Gobierno. El responsable de la cartera de Economía ha incidido en la necesidad de apoyar la creación de pequeños comercios, pymes y emprendedores. En ese sentido ha asegurado que el Gobierno creará una línea de préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que el pequeño comercio pueda pagar a sus proveedores.

El ministro ha explicado que su Departamento ha mantenido conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para “promover la supresión de la licencia de apertura y de obra” para facilitar la apertura de nuevos negocios. Las competencias urbanísticas y la normativa que rige la apertura de locales comerciales está en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso, De Guindos precisó que “se hará desde el máximo respeto a las competencias autonómicas”. El titular de Economía recoge el testigo lanzado por la Comunidad de Madrid, cuando hace unos meses anunció una ley de liberalización comercial que incluía la reducción de tramites y preveía que para abrir un negocio el único requisito necesario es una declaración responsable por la cual el emprendedor se compromete a cumplir la normativa. El ministro se ha referido al mecanismo del silencio administrativo negativo para aplicarlo en la reducción de trabas administrativas para abrir un local.

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Reducir los desahucios

Tras su primera intervención, el ministro ha manifestado que los tres problemas que más le preocupan son el paro, que los jóvenes se vayan de España porque no encuentran trabajo y los desahucios. En este momento, ha asegurado que el Gobierno va a entablar conversaciones con los bancos para tratar de reducir el problema de los impagos hipotecarios y la pérdida de vivienda, ya que, según ha señalado, es un tema que a todos les interesa solucionar porque crea un grave problema social. "No creo que a nadie le interese, y mucho menos a la banca y al Gobierno, que haya muchos desahucios".

Poco antes, en la comisión, el ministro se ha referido a la Ley de apoyo a los emprendedores, que contendrá medidas fiscales y de eliminación de trabas administrativas para crear una empresa. En este sentido ha asegurado que impulsarán nuevas fórmulas para facilitar la financiación a los empresarios como el "capital semilla, o los business angels". También ha insistido en la necesidad de impulsar la unidad de mercado a nivel nacional. “Esta entorpecida por el exceso de regulación y la falta de claridad que provoca sobrecoste y desincentiva la inversión”, ha señalado. Antes de eso ha repasado las reformas estructurales que el Gobierno está poniendo en marcha al comienzo de esta legislatura: la reforma del sector financiera, el mercado laboral, la ley de estabilidad financiera. En ese sentido anunció que “de forma inminente realizará visitas a las plazas financieras más importantes del mundo en Europa, Asia y América para explicar a los grandes inversores del mundo el plan de reformas del Gobierno”. En realidad se trata de un road show como el que realizó en varias ocasiones la exministra socialista Elena Salgado en la pasada legislatura.

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El Ejecutivo ha anunciado que pondrá en marcha una línea ICO destinada a pymes

Caída del 10% en el crédito

El ministro ha calificado la reciente reforma financiera como “el mayor saneamiento financiero a nivel europeo”. Y ha señalado que “el Gobierno corporativo de algunas entidades es mejorable”. Ha enumerado los tres objetivos principales del ambicioso proyecto: mejorar el acceso a los mercados de capitales para facilitar el crédito a las empresas y ciudadanos; facilitar la salida del stock inmobiliario mediante el abaratamiento de la vivienda, e impulsar y fomentar que haya menos entidades pero sean más eficientes y competitivas. De Guindos se ha basado en este último objetivo para justificar la reforma financiera. Ha estimado que la caída del crédito en España está entre el 5% y el 10%. "Y esa contracción del crédito hacía ineludible actuar", indicó. El titular de Economía ha pasado a censurar la actitud de algunas entidades que "languidecen". Sin dar nombres ha asegurado que “el Gobierno corporativo de algunas entidades es mejorable”.

También ha señalado el retraso de las administraciones a los proveedores como otro de los factores que provoca "un aumento del paro y la destrucción del tejido empresarial". En ese sentido ha explicado que si las comunidades autónomas pagarán el tipo de interés medio que el Tesoro paga por sus deudas supondría un ahorro de unos 1.000 millones de euros en costes financieros. "El Gobierno está dispuesto a hablar con las comunidades autónomas para evitar que los contribuyentes paguen esos intereses y los 1.000 millones se puedan destinar  a otros fines".

“Somos herederos de una situación preocupante”, deslizó el ministro al comienzo de su intervención durante la que detalló las últimas reformas. “El programa de reformas del Gobierno debe ir dirigido a romper la tendencia negativa de la economía española a partir de la segunda mitad del presente año”. Entre los cambios normativos aprobados por el nuevo Ejecutivo está la Ley de Estabilidad Presupuestaria que compromete a todas las administraciones públicas españolas a cumplir unos estrictos requisitos de deuda y déficit y mejorar la transparencia e información de las cuentas públicas. Mientras explicaba la nueva ley, el ministro ha asegurado que esta misma semana “la Comisión Delegada de Economía pondrá en marcha una línea ICO para los ayuntamientos puedan pagar a los proveedores, sujetas a extrictas condiciones de ajuste presupuestario”. Esta línea se sumaría al crédito del ICO de hasta 15.000 millones para las comunidades autónoma que aprobó el Gobierno durante el último consejo de ministros.

Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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