El Gobierno pide al Banco de España que explique los sueldos de la banca

El Gobierno ha tomado nota de la "inquietud y el rechazo social" que han generado los altos pagos a los banqueros. En especial, a los ejecutivos cuya gestión ha acabado provocando el colapso de su entidad, tal y como sucedió en la CAM o en Novacaixagalicia, nacionalizadas por su delicada situación financiera pero cuyos responsables se fueron tras cobrar multimillonarias retribuciones. Por este motivo, el Gobierno solicitará al Banco de España informes en los que "explique, razone y justifique" los sueldos que cobran los directivos de todas las entidades españolas.

El objetivo de esta medida, para lo que el Ministerio de Economía y Competitividad se pondrá en contacto con el supervisor "por carta", es que "no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en situación de ser intervenidas", ha destacado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En su opinión, algunos de los sueldos publicados no son admisibles y no se corresponden con la situación actual.

El supervisor, según los planes del Ejecutivo y tal y como ya aprobó el anterior Ejecutivo, tendrá un papel activo en el proceso. Según ha explicado la vicepresidenta, se preguntará al organismo todavía presidido por Miguel Fernández Ordóñez, nombrado por el PSOE, si cree adecuadas "a las circunstancias actuales" las retribuciones, tanto fijas como variables, de los directivos, sobre todo de las entidades intervenidas o que han recibido ayudas públicas. En este último grupo se encuentran la mayoría de entidades que surgieron del proceso de reestructuración de las cajas y el Banco de Valencia entre los bancos.

El Banco de España obligó a las cajas a publicar los sueldos de sus directivos con la fecha tope del pasado diciembre. Las entidades cumplieron, no sin mostrar cierto malestar al argumentar que la exigencia iba contra la Ley de Protección de Datos, que vela por su intimidad.

En cuanto al conjunto del sector financiero, Santamaría ha explicado que los 50.000 millones que el Ejecutivo ha dicho que deberían provisionar las entidades para hacer frente a los activos del "ladrillo" se basan "ni más ni menos" en los datos del Banco de España.

En el último año la opinión pública ha puesto en entredicho los sueldos, indemnizaciones o planes de pensiones que reciben algunos directivos o consejeros de la banca, especialmente en el caso de las entidades intervnidas o de las que han recibido ayudas públicas.

Además, Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo que en otros países de la Unión Europea se han adoptado ya medidas sobre las retribuciones de los gestores de entidades financieras, especialmente en aquellas que han recibido ayudas. Todo ello como un paso más dentro de los planes del Ejecutivo de que la reforma del sistema financiero esté concluida en los primeros seis meses del año y en la que se incluirá el refuerzo de las provisiones de la banca de sus activos tóxicos.

En cualquier caso, De Guindos elaborará un informe sobre esas necesidades porque "no todas las entidades necesitan la misma cantidad y no todas ellas han trabajado de la misma manera". No obstante, ha aclarado que "no está en la mesa de Gobierno ni en la del Consejo de Ministros" crear un "banco malo", una entidad que concenrarían los activos tóxicos del sector como se ha hecho en Irlanda.