Irlanda despedirá a otros 23.500 funcionarios hasta 2015
La reducción de trabajadores públicos permitirá un ahorro de 2.500 millones, un 15% del gasto en personal
El ministro de Reformas y Gasto Público de Irlanda, Brendan Howlin, ha anunciado que el Gobierno tiene intención de suprimir 23.500 empleos en el sector público hasta 2015, así como racionalizar 48 organismos del Estado en el marco de un nuevo plan de reforma de la administración del país, bajo programa de rescate de sus socios del euro.
Con esta nueva reducción del empleo público, el número de funcionarios en 2015 será un 12% inferior al de 2008, tras suprimirse en este periodo 37.500 empleos en la administración. De esta manera, la plantilla de la administración pública se situará en los 282.500 trabajadores en 2015, frente a los 297.000 con los que cuenta actualmente.
Como consecuencia de estos recortes, el gasto en personal en la administración pública se reducirá en este periodo en 2.500 millones de euros, alrededor de un 15%, lo que supone un "ahorro muy significativo". Asimismo, Howlin también presentó nuevas reducciones en los organismos del estado, que incluyen la racionalización de 48 entidades antes de finales de 2012 y la revisión de otras 46 a finales de junio del próximo año. "Estas medidas están diseñadas para hacer el servicio más eficaz y eficiente", subrayó.
En esta misma línea, el Ejecutivo ha decidido cancelar el programa de descentralización de la administración aprobado en 2003, lo que implica la eliminación de 40 proyectos, la revisión de otros 22 y dejar tal cual se encuentran actualmente otros 32.
El Gobierno ha presentado este jueves un "ambicioso" programa de reforma del sector público, que contiene 70 recomendaciones y 200 medidas, que incluyen iniciativas destinadas a reestructurar el funcionamiento de la administraciones, con nuevos acuerdos de servicios compartidos en áreas como recursos humanos, nóminas o pensiones y la mejora de la gestión del comportamiento de organizaciones y trabajadores.
Howlin se mostró confiado en que estas propuestas definitivas sean aceptadas por los sindicatos del sector público tras las conversaciones mantenidas durante su elaboración, ya que dará una mayor uniformidad a los términos y condiciones del sector público y mejorará el traslado fluido de plantilla entre los diferentes sectores y organizaciones.
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