La polémica de las prejubilaciones en las cajas llega a la Fiscalía en plena campaña electoral
El exdirector de Caja Segovia, Manuel Escribano, no percibirá seis millones brutos en diez años tras haberse prejubilado, sino que la cantidad ascenderá a 12 millones, aparte de haberse reservado el cargo de asesor del presidente por el que percibirá dietas y gastos, según los datos que aportan los candidatos de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en esta provincia.
En plena campaña, UPyD ha presentado hoy un escrito ante la Fiscalía en el que sostiene que los miembros del comité de dirección de Caja Segovia se han asegurado sus jubilaciones a través de un seguro con la compañía Caser de 30 millones de euros. No obstante, los miembros de la formación que lidera Rosa Díez no han querido revelar el origen de los datos, ni tampoco han entregado copia del escrito al Ministerio Público.
El coordinador de Castilla y León y candidato al Senado, Félix Sánchez Montesinos, cree que PP y PSOE, con representantes en el consejo de administración de la entidad, han guardado silencio y han ocultado una presunta corrupción, mientras el consejo de administración guarda total hermetismo en cuanto a cantidades.
De hecho, el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, expresidente de la Diputación con el PP, no ha facilitado los datos ni al alcalde, Pedro Arahuetes, independiente en las listas del PSOE, miembro del consejo, argumentando textualmente que "determinada información corresponde a un ámbito colegial y profesional, sometido al pertinente grado de confidencialidad".
Por su parte, IU ha llevado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, un escrito para que se investigue la posibilidad de que hayan existido delitos societarios en las Cajas. El coordinador regional de esta coalición, José María González, sostiene que, mientras que las Cajas concedían cada vez menos créditos a empresas y particulares, ha habido miembros de sus consejos que han tenido acceso a créditos en condiciones muy ventajosas. IU achaca presuntas irregularidades a Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia, mientras pide que se investiguen también indemnizaciones, jubilaciones y otros pagos extraordinarios.
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