CC OO asegura que la reforma de convenios no se está aplicando

La reforma de convenios que aprobó el Gobierno en junio no se está aplicando. Con esta contundencia lo ha anunciado hoy Comisiones Obreras, que atribuye a la imposición del Gobierno esa falta de seguimiento de la nueva norma. El texto, aprobado por el Consejo de Ministros tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios para acordar su propia reforma, disgustó a los agentes sociales. Eso ha provocado, asegura el sindicato, que empresas y trabajadores opten por ignorarlo. "Toda reforma laboral no consensuada tiene escaso éxito", ha subrayado Ramón Górriz, responsable de acción sindical de CC OO.

Según esa lógica, los empresarios no están haciendo uso de la potestad que otorga la reforma de abrir un convenio de empresa en cualquier momento, aunque esté en vigor uno sectorial, para modificar a la baja las condiciones de trabajo. Tampoco se está recurriendo a árbitros para desbloquear situaciones de conflicto, por ejemplo, al aplicar la flexibilidad interna en las empresas. No obstante, Górriz anunció que tanto su sindicato como UGT se reunirán en los próximos días con CEOE para intentar pactar algunas de las novedades que establece la reforma. La primera, la forma de resolver extrajudicialmente los problemas que se plantean en las empresas.

El responsable sindical hizo esta valoración sobre la reforma en la presentación de una guía que ha elaborado CC OO con pautas de negociación para que sus delegados sindicales sepan cómo actuar ante el nuevo marco de negociación colectiva. El sindicato divulga la interpretación más ajustada a sus intereses: "Reforzar el papel homogeneizador del convenio sectorial y mejorar las retribuciones y las condiciones laborales de los trabajadores", en palabras de Górriz, pese a que la reforma camina más bien en sentido contrario.

Los sindicatos también esperan reunirse con la patronal para intentar prorrogar el acuerdo de negociación colectiva vigente en el periodo 2010-2012. Tanto UGT como CC OO ofrecen prolongar la moderación salarial que establecía ese acuerdo a cambio de varias contrapartidas. "Tiene que venir acompañada de un control eficaz de precios de alimentos, energía, transporte y vivienda, de una reinversión de los beneficios empresariales y de una política fiscal que permita mantener los derechos sociales", explicó Cándido Méndez, líder de UGT, en la clausura de unas jornadas de negociación colectiva organizadas por su sindicato.

El problema de esas exigencias es que implican a varios agentes, lo que dificulta su aceptación. El control de precios, por ejemplo, requeriría de una intervención gubernamental, además de un compromiso de los empresarios. La política fiscal es competencia exclusiva de los Gobiernos (central, autonómicos o locales), mientras la reinversión de beneficios es decisión de los empresarios. A pocos días de que cambie el Ejecutivo, el proceso se antoja más prolongado -y más incierto- de los que los sindicatos admiten.