"El problema no es que se rechacen ofertas de empleo, es que no hay"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha rechazado que se tengan que reformar las prestaciones por desempleo para estimular a los parados a que busquen empleo. El argumento que ha utilizado es simple: "Durante la crisis el problema no es que se rechacen ofertas [de empleo], sino que no hay".

Esta ha sido la respuesta de Gómez a la propuesta de las Cámaras de Comercio de reformar el seguro contra el paro para evitar "sus efectos desincentivadores sobre el trabajo y la proliferación de conductas fraudulentas". El ministro también ha recordado que la norma actual ya recoge sanciones, que van hasta la retirada de la prestación, para cuando se producen infracciones graves. "No tiene sentido insistir en estas políticas cuando lo que necesitamos es crear más puestos de trabajo", trató de zanjar.

El debate sobre si hay que reformar la estructura actual de las prestaciones y los subsidios por desempleo ya surgió a comienzos de mes. Entonces fue la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien hizo unas declaraciones en este sentido que desataron las críticas del PSOE.

Pero por mucho que el ministro trate de zanjar este asunto, lo cierto es que el debate es inevitable. El gasto en prestaciones por desempleo ha subido a unos 30.000 millones de euros al año. La necesidad de recortar el déficit hace que en más de una ocasión desde las troneras más partidarias del ajuste del gasto público se reclame una reforma del seguro de desempleo con el argumento de que hay que estimular a los parados a buscar empleo, y eso se traduciría en la rebaja de esta factura. Los sindicatos y los economistas más keynesianos responden diciendo que la rebaja de la protección al desempleo se traduce en riesgo de exclusión social para quienes no tienen trabajo y en menor consumo, lo que acaba por castigar a la economía.

Mucho más comprensivo ha sido el responsable de Trabajo con la propuesta de UGT. El sindicato liderado por Cándido Méndez ha propuesto que la constitución establezca un suelo de gasto social (a todas luces, una respuesta a la obligación del equilibrio presupuestario constitucional consagrado este verano por las Cortes por la vía de urgencia). "Es una buena idea", ha definido Gómez, responsable de buena parte de las propuestas económicas y laborales del programa electoral socialista.