Sacyr y Pemex garantizan la "españolidad" de Repsol

El Gobierno no quiere ser un mero invitado de piedra en la batalla por el control de Repsol y pretende, en todo caso, garantizar "la españolidad" de la primera empresa energética española. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha reunido este martes con el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, y con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez, para que le explicaran el contenido del pacto parasocial alcanzado entre los dos accionistas de Repsol, según han informado a Efe fuentes de Industria. En el encuentro, ambos directivos han garantizado a Miguel Sebastián que mantendrán la españolidad de la petrolera.

Sebastián, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha asegurado que "no tiene ninguna información" sobre las intenciones de ambas compañías más allá del hecho relevante remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y ha puntualizado que, aunque el Gobierno "no opina ni interviene" en operaciones empresariales, le preocupa "garantizar la españolidad" de Repsol, una empresa "muy importante", con carácter "estratégico" y que hasta ahora "ha sido muy bien gestionada".

Así, ha asegurado que el Gobierno "da la bienvenida" a una operación "dentro de la legalidad" que aumente el potencial de la petrolera, pero siempre "garantizando su españolidad".

La Bolsa ha celebrado en su apertura el nuevo pacto acccionarial entre Sacyr-Vallehermoso y Pemex para intentar controlar a la petrolera. Las acciones de la constructora presidida por Luis del Rivero subían en torno al 10% mientras que las de Repsol se revalorizaban un 5% en la apertura. Al cierre de la sesión, concluyeron con una revalorización del 12,25% y 4,15%, respectivamente.

La constructora, el primer accionista de Repsol con un 20% del capital, firmó ayer un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, que tiene una participación del 4,87%, para sindicar sus acciones y votar de forma conjunta las decisiones relevantes que se tomen en la petrolera. De esta manera, Del Rivero vuelve a la carga en su empeño por hacerse con el control de Repsol, desplazando a los actuales gestores encabezados por su presidente Antonio Brufau. Y esta vez se ha buscado un aliado poderoso.

Además, Pemex elevará su participación hasta el 9,8% en el plazo máximo de un mes, de forma que ambos socios posean el control del 29,8% del capital social. La constructora y su socio mexicano quieren nombrar un primer directivo (consejero delegado) que asuma todas las funciones ejecutivas de Brufau y, con ello, la gestión efectiva de la compañía.

Este es el golpe de mano más contundente que ha protagonizado hasta ahora Del Rivero en su batalla por hacerse con el poder de la petrolera de la que es uno de los vicepresidentes. Y es que el acuerdo se produce apenas dos meses después de la entrada en vigor el 1 de julio de la ley de Auditorías, más conocida como ley antiblindaje, que elimina los límites a los derechos de voto en las compañías cotizadas.

Anteriormente la petrolera tenía limitados sus derechos de voto al 10%, de forma que Sacyr solo podía ejercerlo por ese porcentaje. Aunque la preeminencia de la ley hace innecesario adaptar los estatutos, solo una junta de accionistas tendría potestad para hacer visible la nueva situación de poder y decidir un vuelco en el control de la compañía. Será en ese marco donde los dos grupos contendientes ?los gestores y Sacyr-Pemex? midan sus fuerzas. Caixabank, el otro accionista de referencia con el 12%, ha dado su respaldo hasta ahora a Brufau de forma más o menos expresa.

Sacyr y Pemex cuestionan la gestión de Brufau al señalar que Repsol "no está valorada adecuadamente" y que se comprometen a adoptar las medidas tendentes a que el mercado reconozca su "verdadero potencial". También han pactado votar conjuntamente en aspectos como el plan de negocio, inversiones o desinversiones que no hayan sido incluidas en el plan de negocio en el presupuesto anual, y el nombramiento de consejeros y directivos, así como sus remuneraciones.

Igualmente, los socios acuerdan no incrementar su participación para que no supere el porcentaje máximo del 30% a partir del cual deben lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100%.

En el supuesto de que un tercero formulara una OPA sobre la totalidad del capital, ambos socios estudiarían la opción de formular una oferta competidora conjunta o bien de vender sus respectivas participaciones. Si no llegaran a un acuerdo, cualquiera de las dos partes podría lanzar una OPA competidora por su cuenta o desprenderse de su paquete accionarial.