Las eléctricas tendrán un teléfono gratuito de atención al cliente

Las empresas que se encargan de comercializar el suministro de electricidad deberán presentar facturas desglosadas y disponer de un servicio gratuito de atención telefónica al cliente, según consta en el anteproyecto de ley del Sector Eléctrico, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de este viernes. El nuevo marco legislativo, además, estipula un sistema de multas por incumplimiento de las nuevas normas e introduce el concepto de consumidor vulnerable de luz, que quedará asimilado al bono social que ya está en práctica.

Junto a esto, la ley exige a los comercializadores que cumplan con los plazos de cambio de suministrador. En caso de incumplimiento, tendrán que afrontar multas de hasta el 10% del volumen neto de su cifra de negocios. Esta normativa, remitida a las Cortes Generales, transpone la directiva comunitaria sobre electricidad y busca, entre otros aspectos, una mayor armonización de las competencias de los reguladores nacionales de energía, así como el fortalecimiento de su independencia.

Además, establece que la aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte de otros Estados miembros para el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable no podrá afectar a la producción renovable nacional. A partir de ahora, la ley, según indica el Ministerio de Industria en una nota, será remitida con carácter de urgencia al Parlamento para que se debata a partir de septiembre con vistas a su posterior convalidación con rango de ley.

Además, el Gobierno ha autorizado hoy a la Tesorería General de la Seguridad Social a invertir en deuda pública los fondos depositados en el Banco de España, un dinero que a 15 de junio ascendía a 6.322,4 millones de euros. La medida, que ha sido tomada a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tiene como objetivo obtener una mayor rentabilidad por esos fondos que la que actualmente se obtiene por la remuneración del saldo de la cuenta del Banco de España.

Sin salir del apartado económico, el Ejecutivo también ha dado su visto bueno al proyecto de ley de supervisión de seguros privados, que establece los nuevos requerimientos de capital (Solvencia II) que aseguradoras y reaseguradoras deben asumir, que dependerán del nivel de riesgos que asuman. En opinión del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la reforma proporciona "más solvencia y, en definitiva, más seguridad" al sector. También refuerza la transparencia y la información

que las aseguradoras del sector deben proporcionar relativa a dichos riesgos.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado la ampliación de la cuota que tiene España en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que eleva su poder de voto en la institución y la sitúa como decimotercer accionista. La norma será remitida ahora a las Cortes Generales.