La Generalitat confirma la congelación salarial de los funcionarios

No habrá un nuevo recorte de sueldos de los funcionarios en Cataluña, pero estos se mantendrán congelados. Así lo ha confirmado hoy la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, durante una comparecencia parlamentaria en la que ha lamentado los "rumores interesados" que apuntan a un nuevo recorte salarial entre los empleados públicos.

Ortega ha comparecido para explicar los presupuestos del departamento de Gobernación y Administraciones Públicas que dirige y ha confirmado lo que ya se apuntaba en los presupuestos. "El contexto nos obliga a una congelación salarial, pero no se rebajarán los sueldos. El Gobierno lo puede decir más alto, pero no más claro". La vicepresidenta ha opinado que los rumores que circulan sobre nuevos recortes obedecen a una voluntad de "generar alarmismo" y ha pedido responsabilidad a los miembros de la cámara. Ha añadido que se ha decidido mantener el complemento de productividad y apostar por vincularlo al sueldo, no de forma lineal.

Además, la vicepresidenta ha defendido el impulso de un nuevo marco legal para que la función pública incluya conceptos como la "evaluación periódica" de la carrera profesional, pero ha admitido que por ahora no ha encontrado consenso para hacerlo. Ortega también ha explicado cuál será la política de recortes de su departamento, que al igual que el resto de la administración catalana ha sufrido un importante tijeretazo presupuestario. Lo que sí se ha esforzado en asegurar es que el Gobierno de CiU pagará todas las facturas que la Generalitat debe a los ayuntamientos, algo que ha enervado a los partidos que formaron el anterior gobierno, que le han recordado que CiU también dejó abundantes facturas por pagar en 2003.

"Si quiere hablar de facturas por pagar hablemos también de las de 2003; aquellas facturas se pagaron, evidentemente, porque es la obligación de cualquier gobierno" ha afirmado la diputada socialista Laia Bonet. Ortega ha añadido que la prioridad de su departamento es aprobar la ley de gobiernos locales y la oposición le ha reprochado que no tenga la misma prisa en aprobar la ley de finanzas locales, que debería paliar los problemas económicos que están sufriendo los ayuntamientos.