La Audiencia investiga si la familia Botín ha regularizado del todo sus cuentas opacas en Suiza con el pago de 200 millones

La Audiencia Nacional investigará al presidente del Banco Santander y varios de sus familiares por un presunto delito contra la hacienda pública y falsedad documental. Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, aparecían entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank.

Según explica la Audiencia en un comunicado, la Hacienda de Francia informó en mayo de 2010 a la española de que el banquero y sus familiares figuraban en la relación de personas con dinero en Suiza que se dio a conocer en 2010 y que no habían declarado estos fondos entre los años 2005 a 2009. Además, las cantidades defraudadas por Botín y sus familiares superan los 120.000 euros por contribuyente, ya que este es el mínimo a partir del cual la evasión se puede considerar delito y procesarse por la vía penal.

Tras esta notificación, la Agencia Tributaria requirió a los denunciados que presentasen sus declaraciones de estos cuatro años, que en su mayor parte eran complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración. No obstante, ante la "ingente documentación" presentada por Botín y sus familiares, Hacienda se declaró "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces" y traspasó el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes próximas a la familia aseguran que el origen de ese patrimonio en Suiza se debe a la huida del padre del actual presidente del Banco Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera. Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993.

Según esas mismas fuentes, a raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del caso HSBC, el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar las declaraciones con pagos de 200 millones de euros. "La familia Botín ha realizado una regularización voluntaria y completa, está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial", asegura un portavoz.

Prescripción del delito

El Ministerio Fiscal, ante la inminente prescripción el próximo 30 de junio del supuesto delito, optó por denunciar el caso ante la Audiencia, donde ha sido admitida a trámite por el titular del juzgado número 4 de esta instancia, Fernando Andreu, para poder seguir investigando si hay delito o no en la actuación del presidente del Santander, el mayor banco de España, y sus familiares.

A partir de ahora, la investigación de la documentación fiscal presentada correrá a cargo de dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Ellos serán los responsables de confirmar si los denunciados han regularizado su situación fiscal. El titular del juzgado recuerda que, dado que la Administración no ha sido capaz de concluir las investigaciones, toca concluir el caso "en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal".

Contra la decisión del magistrado de admitir la denuncia se puede interponer un recurso de reforma ante el propio juzgado, concluye la nota. Además, el juez Andreu recuerda que "en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces" se exculpará a los denunciados y se archivarán las diligencias.

Origen del caso

El caso tiene su origen en 2006, cuando un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de 24.000 clientes que tenían su dinero en el paraíso fiscal de Suiza y se los pasó, cuatro años después, a las autoridades francesas. La Hacienda francesa investigó a los contribuyentes de este país que aparecían en la lista por un presunto delito de evasión fiscal y trasladó a otros países, entre ellos España, la relación de sus nacionales con dinero en la la filial del HSBC. De los 24.000 ricos que aparecían en la lista, 15.000 de ellos seguían teniendo fondos en 2009 en Suiza, país que ha hecho del secreto bancario su principal señal de identidad.

Cuando la Agencia Tributaria española recibió los nombres de 1.500 supuestos defraudadores, que fue la primera cifra que se dio, con unos 6.000 millones en el paraíso fiscal, les remitió una carta a principios del pasado verano rogándoles que explicaran y, en su caso, regularizaran su situación con Hacienda. Pero la iniciativa, dirigida contra contribuyentes con recursos suficientes para llevar su dinero a Suiza, no tuvo mucho éxito. Por ese motivo, decidió, tras un cambio en la dirección de la Agencia Tributaria, abrir una inspección a los 1.500 contribuyentes incluidos en la lista, cifra que después rebajó a 659, ya que algunos de los investigados eran titulares de varias cuentas.

260 millones regularizados

De estos 659 contribuyentes, fuentes de Hacienda recuerdan que unos 300 -entre ellos Botín, sus hijos, su hermano y sus familiares- regularizaron voluntariamente su situación tras la apertura de las inspecciones. Entre todos los inspeccionados abonaron al Fisco 260 millones de euros, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que esta era la cuota tributaria (más intereses de demora) del total de dinero depositado en Suiza. Estos fondos tributan a un 18% (el tipo vigente en el año de los supuestos delitos, ya que ahora es del 21%) si se puede justificar su origen como rendimientos de capital. En caso de ser un dinero con origen injustificable, se aplica el 43%, el tipo máximo del IRPF. Aunque no es una regla oficial, la filial suiza del HSBC suele exigir un capital mínimo de 1,6 millones para abrir una cuenta.

No obstante, las explicaciones ofrecidas por los contribuyentes no convencieron en todos los casos a Hacienda, que remitió los datos de los contribuyentes a la Fiscalía Anticorrupción el pasado enero cuando la cantidad a regularizar era superior a los 120.000 euros que convierten el no pagar impuestos en delito. En total, Hacienda ha realizado 527 inspecciones, de las que 349 han terminado en sanción y, a 11 de mayo, 7 casos habían sido enviados a la Fiscalía.

Sobre este asunto, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el martes con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV una moción de ICV que planteaba una serie de iniciativas para "poner la economía al servicio de las personas". Entre las medidas que incluía se pedía "actuar con la máxima contundencia" contra las 659 "grandes fortunas" titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, haciendo público el listado de denunciados.

En Francia, se ha vivido un proceso parecido con las cuentas del HSBC, pero el hecho de que las pruebas hayan sido obtenidas de manera ilícita ha servido a la Corte de Apelación de París para anular las inspecciones realizadas a uno de los contribuyentes investigados. Además, ha condenado a la Hacienda de este país a pagar una indemnización.