La UE y el FMI imponen un drástico recorte social para rescatar a Portugal

Las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el rescate financiero de Portugal, de 78.000 millones en tres años, supondrán un giro a peor de las condiciones de vida de la mayoría de los portugueses. Un drástico recorte de las prestaciones sociales, aumento de impuestos y endurecimiento de las reglas del mercado laboral son los ejes del programa de austeridad que durante tres semanas han negociado en Lisboa la troika del FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo (BCE) con el Gobierno portugués. El programa se ha conocido hoy, aunque hasta mañana no será presentado oficialmente.

Un día después de que el primer ministro José Sócrates dijera al país que Portugal había conseguido "un buen acuerdo", se supo la realidad de lo firmado, que no será precisamente un plato de buena digestión para amplios sectores de la población. El memorando de entendimiento subraya como uno de los principales objetivos la reducción del déficit público por debajo de 10.068 millones de euros (5,9% del PIB) en 2011, de 7.645 millones (4,5%) en 2012 y de 5.224 millones (3%) en 2013.

Aunque Sócrates aseguró ayer que no habría más recortes, el acuerdo se ceba con el gasto social

En el periodo 2012-2013, el acuerdo pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para mejorar el trabajo de la Administración pública, con mayor eficiencia y eliminación de servicios superfluos, limitación de nuevas contrataciones en la esfera central, local y regional para lograr una reducción del personal del 1% y 2% anual en el periodo 2012-2014, congelamiento de salarios en 2012 y 2013, y disminución de las prestaciones médicas de los funcionarios.

Menos inversiones y más eficiencia

La tijera afectará a la educación (370 millones de euros en el mismo periodo), con reducción de personal y de subsidios a escuelas privadas y al sistema público de salud (925 millones de euros). En concreto, se reducirán las ayudas a medicamentos y atención hospitalaria, y aumentarán para el usuario las tarifas del sistema de copago (taxa moderadora). Habrá una rebaja progresiva de las pensiones superiores a 1.500 euros mensuales, (para ahorrar 445 millones de euros), que tendrán que pagar un impuesto adicional, del seguro de desempleo (150 millones), del coste de las empresas públicas (515 millones) y de las transferencias a las administraciones locales y regionales (175 millones).

En el capítulo del ingreso, el acuerdo establece una reducción de las deducciones fiscales y regímenes especiales de sociedades (150 millones de euros en 2012) y de personas físicas (otros 150 millones). Las medidas afectarán también a las regiones autónomas de Azores y Madeira. Se gravará la propiedad de la vivienda eliminando ventajas y deducciones en hipotecas (250 millones de euros) para reactivar el mercado de alquiler.

Aumentará el IVA a base de rebajar las exenciones (410 millones), modificar el gravamen de bienes y servicios, y limitar la reducción de dicho impuesto a un máximo del 20% en las regiones autónomas, en comparación con los tipos aplicables en territorio continental. Y subirán también los impuestos al consumo, para recaudar 250 millones en 2012, como vehículos, tabaco, y se introducirá un impuesto al consumo de electricidad.

Las condiciones del mercado de trabajo sufrirán cambios drásticos. Se reducirá la duración máxima del subsidio de desempleo de tres años a 18 meses, y el tope de su valor pasará de 1.257 a 1.048 euros al mes. El despido será más barato, sobretodo para los trabajadores sin contrato fijo, que pasarán a cobrar de 30 a 10 días por año trabajado.

Para preservar la estabilidad financiera y la liquidez del sector bancario, las autoridades portuguesas se comprometen, bajo las reglas de la UE, a facilitar la emisión de bonos con la garantía del Tesoro por un valor límite de 35.000 millones de euros. El rescate financiero aprobado incluye un paquete de 12.000 millones de euros para capitalizar la banca y cubrir el agujero de más de 5.000 millones de euros del Banco Popular de Negócios (BPN), nacionalizado por el Gobierno en octubre de 2008. El objetivo es la reprivatización de esta entidad antes de finales de julio de 2011.

También estará bajo la lupa de los prestamistas la situación de las empresas públicas, para reducir su grado de dependencia financiera del Estado. El acuerdo señala como objetivo la reducción de los costes operacionales a finales de este año en un 15% de promedio, en comparación con 2009.

El Gobierno se compromete a acelerar la privatización de empresas públicas, empezando este año con la compañía eléctrica EDP, la aérea TAP, las Redes Energéticas Nacionales (REN). El programa continuará con Aeropuertos de Portugal, Galp, Correos, y la división de seguros de la Caixa Geral de Depósitos, el mayor banco portugués, de titularidad pública.

Las reformas estructurales empezarán por una reducción en un 15%, como mínimo, de los puestos de dirección y de las unidades administrativas del aparato del Estado. Se trata de aplicar la segunda fase del Programa de Reestructuración de la Administración Pública de 2007, iniciado por el primer Gobierno de José Sócrates y que quedó interrumpido. El Ejecutivo presentará una ley en el Parlamento para una reducción similar en la Administración local. La reforma del sistema de Justicia es la otra carta a la que apuesta el acuerdo firmado en Lisboa. Una asignatura pendiente, "esencial para el buen y justo funcionamiento de la economía", según advierte el acuerdo.