El Gobierno triplicará las sanciones contra el empleo sumergido a partir de agosto

El Gobierno ha concretado hoy las sanciones que entrarán en vigor una vez concluya, el 31 de julio, el periodo que concederá a las empresas para regularizar a sus trabajadores que no estén inscritos en la Seguridad Social. Para animarles a ello, suavizará los plazos para ponerse al día con la Administración, pero no eliminará las sanciones. De hecho, el Ejecutivo concentra en el futuro endurecimiento de las multas por tener a empleados irregulares el mayor elemento disuasivo para aflorar el empleo sumergido.

Según ha detallado el ministro responsable de Trabajo, Valeriano Gómez, del actual rango de sanciones de entre 622 euros a 6.200 euros, se pasa a un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 10.000. En cuanto a aquellos trabajadores que estén cobrando al mismo tiempo un sueldo y alguna prestación por desempleo de la Seguridad Social, el rango se incrementa del mínimo de 6.251 euros actuales a 10.000, mientras el máximo se mantiene en 187.000 euros.

Gómez ha añadido que el Gobierno no dispone de ninguna previsión sobre cuántos empleos pueden aflorar gracias al plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros a través de un decreto ley que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE. "España no se distingue especialmente por ser un país con gran empleo sumergido", se ha limitado a apuntar el ministro aludiendo a informes de organismos internacionales o analistas externos.

El objetivo del plan, ha matizado Gómez, es "recuperar en el futuro más trabajadores que cotizan y ven cumplidos sus derechos". Además, se va a implementar "sin amnistías y sin trato preferente para nadie", ha destacado. Para reforzar su utilidad, el ministro ha recordado que el Ejecutivo también ha aprobado hoy una reforma de la inspección de Trabajo para actualizar su funcionamiento y adaptarla a la estructura autonómica.