Bruselas investiga posibles trabas a la competencia entre Telefónica y PT

Bruselas ha abierto una investigación para determinar si Telefónica y Portugal Telecom han llegado a un acuerdo de no competir entre sí en el mercado ibérico que podría suponer una violación de la legislación antitrust de la Unión Europea. La investigación, que han iniciado los funcionarios de la comisaría europea Competencia, cuyo departamento dirige el vicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia, se refiere al compromiso recíproco que alcanzaron la compañía española y la portuguesa para no actuar en el país de su socio, según indicaron fuentes europeas de Competencia. Es el clásico acuerdo de "yo no me meto en tu casa y tu no te metes en la mía", contrario a las normas de competencia. La investigación podría hacerse pública mañana.

El acuerdo alcanzado por ambas compañías está relacionado con la operación que cerraron ambas empresas a finales del pasado mes de julio por la que Telefónica compró a Portugal Telecom su participación en la brasileña Vivo. La operación se realizó a través de la compra por parte de Telefónica a Portugal Telecom de su participación del 50% en Brasilcel, sociedad que controla Vivo. El montante de la compra venta fue de 7.500 millones de euros, un 32% superior a la oferta inicial planteada por Telefónica. Brasilcel era propiedad al 50% de la operadora española y de la portuguesa.

Esta compraventa experimentó un proceso bastante rocambolesco, pues a pesar de haber sido aprobada por la mayoría de la junta de accionistas de Portugal Telecom en junio de 2010, fue vetada por el Gobierno portugués esgrimiendo su acción de oro. Esa acción de oro fue declarada ilegal el pasado 8 de julio por el Tribunal de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. La compra venta acordada finalmente el 27 de julio, tras subir Telefónica su oferta por tercera vez, recibió el visto bueno del Gobierno de Sócrates.

Fue en el marco de las negaciones entre ambas compañías en relación con la brasileña Vivo cuando se alcanzó este acuerdo de no agresión en sus respectivos territorios nacionales. En un documento de principios de junio con una de las ofertas presentadas por Telefónica, se decía expresamente que "cada parte se abstendrá de realizar o invertir, de forma directa o indirecta a través de sociedades de su grupo, en proyectos en el sector de las telecomunicaciones (incluyendo servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet y televisión, pero excluyendo cualquier inversión o actividad que venga siendo realizada en la fecha de esta oferta), que pueda considerarse en competencia con la otra, en el mercado ibérico (...) hasta el 31 de diciembre de 2011". Según diversas fuentes, ese pacto de no competencia se mantuvo en el acuerdo final. Telefónica ya compite marginalmente con PT en Portugal a través de su filial Telefónica International Wholesale Services (TIWS), que tiene una delegación en Lisboa con el foco en las empresas multinacionales.

La apertura de la investigación no implica que la Comisión haya llegado a ninguna prueba concluyente sólo que desea investigar a fondo el caso. Fuentes de PT confirmaron a la agencia Lusa que la Comisión Europea le había notificado la apertura de un proceso para investigar su relación con Telefónica. La compañía portuguesa señaló que la existencia de diversas alianzas estratégicas con Telefónica durante los últimos años "nunca impidió que las empresas desarrollasen su actividad de forma normal, y en competencia, en los mercados en que están presentes" Asimismo, PT subrayó su plena disposición para colaborar con la Comisión Europea para el total esclarecimiento de los hechos.

La Comisión abrió una investigación similar el pasado junio sobre las posibles restricciones a la Competencia en el acuerdo alcanzado entre la firma francesa Areva y la alemana, Siemens. Ambas compañías alcanzaron un acuerdo en el campo de la tecnología nuclear civil a través de la joint venture (riesgo compartido) Areva NP. Bruselas estudia si las cláusulas establecidas en el acuerdo constitutivo de esta compañía compartido suponen una violación de las reglas de competencia establecidas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 53 y 54 del Acuerdo del Área económica Europea.

Al tratarse de un acuerdo entre empresas de distintos países, la investigación corresponde a Bruselas en lugar de las autoridades nacionales de Competencia.