El sector de los materiales acusa a Ferrovial y Befesa de morosos

Ferrovial y la empresa de servicios Befesa, así como el Ayuntamiento de Madrid y las Comunidades Autónomas de Andalucía y Valencia comparten los primeros puestos en la lista de los mayores incumplidores de la Ley contra la Morosidad. Así lo ha denunciado Cepco, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, un sector económico que agrupa a 5.000 empresas y que tienen un peso en el PIB español de entre el 3% al 4%.

Además, ha criticado las "argucias" por parte de Ferrovial y otras empresas que, junto con la banca, imponen a sus asociados que descuenten de sus facturas -que deben cobrar a los 85 días- los intereses financieros que se generan al pactar la constructora con la entidad financiera sus propios pagos a 210 días, incumpliendo no sólo la ley de Morosidad sino también la norma que prohíbe la alteración de los precios.

Por el contrario, la asociación "aplaude el acatamiento de la ley que hoy cumple 100 días por parte del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Barcelona, así como de las empresas Dragados y Ditrasa", según ha afirmado el presidente de Cepco, Rafael Fernández.

Cepco proyecta personarse en las juntas de accionistas de las grandes empresas para exigir el cumplimiento de la esta ley -que no cuenta con régimen sancionador- para que las auditorias lo recojan. Por otra parte, dará sus 21 votos en la junta de CEOE al presidente que secunde su demanda de que se haga cumplir esta ley. "La morosidad amenaza el tejido empresarial y ya ha llevado al cierre de empresas y reducción de empleo en este sector desde los 390.000 que había a primeros de 2008 hasta los 260.000 actuales", ha revelado Luis Rodulfo, director general de Cepco.

Otras prácticas abusivas que denuncian desde la asociación son la imposición de un retraso de 120 días, que es el que se aplica al subcontratista o contratista que trabaja para la Administración Pública, pero no a los proveedores, que son los asociados a Cepco. Además, también han revelado el intento de que se firmen facturas con fecha anterior a 7 de julio, cuando entró en vigor la norma, la exigencia de retenciones por posibles defectos de materiales, que han pasado del 5% al 12% y que se están aplicando a pesar de que, al igual que en la dilación de pagos, en teoría solo se puede exigir a los contratistas.

El sector de los fabricantes de productos de construcción llegó a suponer el 9% de PIB español, factura entre 25.000 y 30.000 millones de euros anuales y su deuda viva se eleva a 15.000 millones de euros, a los que hay que sumar más 600 millones de intereses; el 40% corresponde a la Administración Pública y el 60%, al sector privado.

Las afiliadas a Cepco, a pesar de que la ley marca que deberían cobrar a los 85 días, están cobrando a 180-210 días. Además, según han añadido, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han hablado de retrasar los pagos de seis a 11 meses.