Millet desvió 4,6 millones del consorcio público del Palau

El agujero que el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, dejó en el consorcio que nutría de fondos públicos a la entidad musical ha ido engrosándose a lo largo del último año. Los actuales gestores de la institución han asegurado esta mañana que Millet desvió 4,6 millones de euros del consorcio, formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno central. La última estimación de la Intervención General de la Generalitat, de noviembre de 2009, situaba la estafa en 2,9 millones de euros. A pesar de ese informe, no obstante, Millet sigue sin estar imputado por un delito de malversación de fondos públicos.

El informe pericial elaborado por Deloitte, que los gestores del Palau han presentado hoy, sitúa el fraude en 35,1 millones de euros. De éstos, 17,5 se desviaron desde la fundación; 13 millones desde la Asociación Orfeó Català, y el resto a través del consorcio público cuya gestión llevaban Millet y su mano derecha, Jordi Montull. El director general del Palau, Joan Llinares, ha explicado que la mayor parte del fraude, unos 17 millones, se realizó a través de transacciones irregulares entre las tres entidades. El resto se fue cometiendo mediante salidas de efectivo, transacciones comerciales y contrataciones irregulares y gastos de carácter personal de los antiguos gestores de la entidad.

De los 35,1 millones de euros, hasta ahora el Palau ha podido rescatar 8,3 millones con la devolución de 4,06 millones por parte del juzgado número 30 de Barcelona, la anulación de la compraventa de un local comercial y el retorno del dinero de los convenios de la Fundación Catdem, vinculada a CDC, que asciende a 632.000 euros. Del fraude total, además, 10 millones de euros proceden del desvío de dinero que se realizó con las obras de ampliación del Palau de la Música. Si bien el coste de la construcción ascendió a 16 millones, Millet se hizo con 26 millones. La diferencia se esfumó.

Llinares ha asegurado que, además, hay indicios de que Millet pudo haber cometido también un delito fiscal, puesto que las irregularidades con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) superan los 600.000 euros. Pero para el Palau, los imputados del caso no deberían quedarse ahí. "Del informe se deducen nuevas imputaciones y responsabilidades, puesto que hay facturas falsas pagadas para empresas que no realizan trabajos para el Palau, sino para terceros pero que terminamos pagando nosotros", ha señalado Llinares. Esas empresas son, según el director general de la entidad, las tres sociedades que realizaron campañas electorales para CDC, New Letter, Letter Graphic e Hispart, además de la constructora Triobra.