Una falsa carta oficial reclama a cada contribuyente cántabro 5.046 euros para el AVE
El Gobierno autonómico denuncia el envío de la misiva desde una Delegación Tributaria inexistente
El Gobierno de Cantabria ha denunciado hoy que se ha buzoneado en varias ciudades de la región una falsa carta oficial en la que una supuesta Delegación Tributaria reclama a cada cántabro en edad de trabajar el pago de una contribución obligatoria de 5.046 euros para financiar el AVE a Santander. El documento, que ha llegado a domicilios de Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna, lleva el escudo oficial de la comunidad autónoma y va firmada por la supuesta directora general de la Delegación Tributaria y de Recaudación de Impuestos del Gobierno de Cantabria, un cargo y un departamento que no existen.
La misiva está fechada en una dirección también ficticia ("calle Ave César, número 3"), pero proporciona un teléfono real: el de la secretaría del consejero de Obras Públicas, donde ya se han recibido numerosas llamadas de ciudadanos alarmados por su contenido, ha informado hoy el Gobierno cántabro, en un comunicado de prensa.
En medio de la polémica creada en Cantabria por cómo van a afectar los recortes de inversión del Ministerio de Fomento a la construcción de la líneas de alta velocidad previstas en la comunidad autónoma, esa carta indica al ciudadano que se ha decidido financiar el 50% del coste de esas infraestructuras con una "contribución especial" de 5.046 euros por persona. Bajo amenaza de llevar los tribunales a quien se niegue a pagar, la supuesta directora de la Delegación Tributaria ya adelanta cómo se va a cobrar esa contribución.
Los trabajadores en activo pagarían el 30% mediante un cargo en la declaración del IRPF y el resto, a través de 24 retenciones mensuales 147,19 euros en la nómina; los jubilados, mediante una retención del 30% de su pensión hasta abonar el total de los 5.046 euros; y los parados, por medio de un crédito sin intereses que supuestamente concederían las cajas de ahorro.
La carta añade que la ficticia Delegación Tributaria se reserva el derecho de destinar el dinero recaudado a "financiar otra serie de necesidades básicas para la población y la reactivación de la Economía", como "ayudas al pago de hipotecas, al desempleo y a una renta social básica", en caso de que "la sociedad civil de Cantabria no respalde estos megaproyectos de alta velocidad".
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