Josep Singla, imputado por el caso Pretoria, deja la presidencia de la constructora Proinosa

El empresario ha actuado hoy como testigo en relación con un presunto pelotazo urbanístico en Sant Andreu de Llavaneres

El empresario Josep Singla, en libertad bajo fianza tras su detención en la operación Pretoria de corrupción urbanística, ha dejado la presidencia de la inmobiliaria Proinosa, según fuentes de la compañía, que vinculan su cese a un plan de renovación empresarial. El ex presidente de Proinosa fue detenido el pasado mes de octubre en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra una trama de corrupción urbanística que llevó a la cárcel a antiguos altos cargos del gobierno de CiU y al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bertomeu Muñoz, entre otros.

Sin embargo, fuentes de la constructora catalana han asegurado a Efe que la imputación de Singla es una cuestión "absolutamente secundaria" en la decisión de relevarlo como presidente de la inmobiliaria, de la que hoy informa el periódico Expansión. Según la empresa constructora, el cese de Josep Singla obedece a un plan de renovación y profesionalización de la estructura de la compañía que fue iniciado en el año 2009 por el director general, Ramon Peñaranda.

Por otra parte, Singla ha acudido hoy al juzgado de instrucción número 1 de Mataró (Barcelona) para declarar como testigo en relación con un presunto "pelotazo" urbanístico en Sant Andreu de Llavaneres, aunque la comparecencia se ha suspendido porque el fiscal del caso no se ha presentado.

La declaración de Singla, solicitada por la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el grupo municipal SOS Llavaneres, pretende aclarar supuestas irregularidades en un convenio que firmaron Proinosa y el Ayuntaiento de Sant Andreu de Llavaneres. Por la operación urbanística que investiga la juez de Mataró están imputados el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros (PP), y el ex concejal socialista Antonio Jiménez, ambos igualmente encausados por Baltasar Garzón en la caso Pretoria.

Concretamente, el convenio que está bajo sospecha permitió en 2006 a Proinosa comprar al Ayuntamiento unos terrenos valorados en 11,5 millones de euros -precio considerado inferior al del mercado- para construir la nueva zona deportiva, pero el consistorio no cobró por la compra, sino que aceptó que la inmobiliaria le compensara con los equipamientos que construyera. En virtud de ese convenio, Proinosa pagó otros dos millones de euros en metálico al consistorio de Sant Andreu.

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