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La CMT cambia de criterio y admite que las administraciones den WIFI con condiciones

El organismo recomienda que el servicio gratuito no llegue a las zonas residenciales y tenga una conexión lenta

La CMT ha aprobado un anteproyecto de circular en el que propone que las administraciones públicas puedan ofrecer servicios de acceso a Internet inalámbricos (WIFI) gratuitos siempre que no lleguen a edificios residenciales y la velocidad no sea superior a 256 kilobites por segundo, lo que se considera una conexión lenta. Con esta postura, el organismo regulador cambia de criterio, ya que hasta la fecha sólo permitía a las administraciones públicas ofrecer este tipo de servicio por un tiempo limitado o si existía un plan para poder financiarlo con publicidad.

A partir de ahora, las operadoras, administraciones y otros entes interesados pueden opinar sobre el anteproyecto de resolución antes de que la CMT apruebe la circular definitiva y para ello tienen 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El anteproyecto se ha elaborado después de estudiar las respuestas de los agentes en una consulta pública para conocer la opinión del sector sobre los requisitos para que las administraciones públicas pudieran ofrecer WIFI.

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La CMT mantiene que las administraciones interesadas deberán notificar su proyecto a la CMT e inscribirse en el registro, aunque en el caso de que el WIFI sea de autoprestación no deberá hacerlo. Dentro de este apartado, que sería sin coste para el usuario, se incluye el servicio dentro de las escuelas, institutos, colegios y centros universitarios y su campus. También ofrece la posibilidad de que den WIFI gratuito si está limitado al acceso a las páginas web de las administraciones públicas.

El organismo regulador señala que cuando una administración pública quiera ofrecer servicios WIFI en libre competencia con los operadores del mercado, deberá contar con un plan de negocio sólido, generar un flujo de caja positivo, financiar la actividad a través de sus propios ingresos sin recurrir a fondos públicos o por publicidad o patrocinio, y mantener cuentas separadas.

También ofrece la posibilidad de que el servicio será financiado por las Administraciones Públicas con ayudas europeas si se notifica a la CE y lo autoriza la CMT siempre que no afecte negativamente al mercado.

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