795 empresas valencianas suspendieron pagos en 2009

La Comunidad Valenciana cerró 2009 con un total de 795 concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), cifra que multiplica por más de dos la del ejercicio anterior y que sitúa a la autonomía como la tercera de España en este capítulo.

Estas cifras han sido aportadas hoy por el Registro nacional de Economistas Forenses (Refor) y el Colegio de Economistas de Alicante a partir de los datos oficiales publicados en el BOE de concursos de acreedores el pasado año y a falta de que sean corroborados, el próximo febrero, por el Instituto Nacional de Estadística con sus datos definitivos.

Las 795 empresas valencianas que declararon un concurso de acreedores suponen un incremento "exponencial" con respecto a 2008, cuando se presentaron 330, según el decano de los economistas alicantinos, Francisco Menargues. De estas 795 empresas en dificultades, 249 operaban en la provincia de Alicante, unas 120 de Castellón y el resto de Valencia.

Por sectores, el inmobiliario y de la construcción fue el más numeroso con alrededor del 25 por ciento, seguido por el industrial y energético, de servicios y empresas, y el comercial, respectivamente. Todos estos datos han situado a la valenciana como la tercera comunidad española en compañías que entraron en suspensión de pagos, sólo por detrás de Cataluña, que fue primera, y la Comunidad de Madrid, segunda.

Estos datos han sido ofrecidos como motivo de la presentación de una nueva guía práctica de actuación de la empresa ante el concurso, que ha sido elaborada por Refor. Su presidente, Raimón Casanella, ha estimado que en 2010 habrá un "estancamiento" en el número de concursos en toda España, no tanto por una hipotética recuperación económica, sino porque quedan menos empresas en actividad, y a que las que tenían que pasar por esta situación no han resistido tanto y ya lo han hecho en los tres últimos años. Ha recordado que las suspensiones de pagos declaradas en España han rondado el millar entre 2003 y 2007 y que la crisis hizo que en 2008 se triplicaran hasta 2.874 (para afectar a 66.100 empleados) mientras que el pasado ejercicio el número se duplicó, con 5.967 (109.000).

A pesar del crecimiento de los últimos años, la tasa de la antigua suspensión de pagos sigue siendo muy inferior en España a otros países europeos o Estados Unidos, debido a que la legislación concursal es poco conocida por los responsables empresariales, y esto conduce a que haya muchos cierres "irregulares". Pese a los inconvenientes de pérdida de imagen y caída del poder de negociación con acreedores y entidades, así como los costes de la intermediación, se trata de un medio "eficaz" para reestructurar y hacer más competitiva la empresa o, en su caso, liquidarla de forma rápida y equitativa, y sin perjudicar a los acreedores, según opina Casanella.

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), Joaquín Rocamora, ha apostado por este instrumento cuando hay insolvencia y ha destacado que en muchas ocasiones puede convertirse en un medio de "salvar la empresa" para evitar quedar abocada "al cierre o quiebra".