El Ecofin no pone fecha a la retirada de las ayudas a los bancos

Los ministros de Economía de la Unión Europea han rechazado hoy fijar fecha a la retirada de los planes de ayuda a los bancos diseñados hace un año para hacer frente a la crisis por considerar que, pese a las mejoras, la situación del sector financiero es de "mucha fragilidad". Los Veintisiete no han apoyado la propuesta de la Comisión, que pedía empezar a suprimir los avales para la deuda en junio de 2010 aumentando su precio o restringiendo el acceso. "Es prematuro empezar ahora a hablar de poner fin a estos planes de garantías, recapitalización y gestión de activos tóxicos. Debemos dejar claro que es necesario mantener estos sistemas durante bastante tiempo. Pero al mismo tiempo es necesario empezar a discutir los principios, el orden y la coordinación para retirar este apoyo de manera ordenada", ha dicho el ministro sueco de Finanzas, Anders Borg, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

Los ministros han debatido, por primera vez, cuándo y cómo volver a un funcionamiento normal en el sector, salvado del colapso a golpe de dinero público, pero no han llegado a conclusiones ni han fijado ningún calendario. Durante el debate, algunos Estados han respaldado que se empiece a diseñar el calendario pero "otros países" han subrayado que "todavía hay mucha fragilidad en el sistema financiero", ha explicado Borg. A su juicio, todavía son necesarias "más discusiones antes de llegar a conclusiones claras". Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado: "Éste no es el momento de poner fechas". Salgado ha anunciado que el Comité Económico y Financiero, que reúne a expertos de los 27, presentará nuevas propuestas antes de julio.

La vicepresidenta económica ha señalado que ya "se está produciendo una salida natural de esa ayuda al sector financiero", es decir, que "las emisiones no garantizadas están creciendo y las emisiones garantizadas están disminuyendo". "Eso tiene mucho que ver con la situación de los mercados. En este momento para algunas instituciones financieras resulta más barato el poder acudir al mercado sin tener esa garantía, ese aval del Estado que por otra parte en este momento ya en muchos casos no es necesario", ha dicho. A su juicio, lo "mejor" sería que la supresión de las garantías bancarias "se produjera de manera natural", sin forzarla con aumentos de precio o restricción de las condiciones de acceso. De hecho, Salgado explicó que España otorgó el año pasado avales por valor de 90.000 euros a 53 entidades, que sólo han utilizado 39.700 millones.

"Hay entidades que tenían otorgados los avales pero que no han hecho uso de esta posibilidad", ha indicado Salgado. Y mencionó a los "dos grandes bancos", en referencia al Santander y al BBVA. En 2009 se han otorgado 57.000 millones en avales pero sólo se está tramitando el uso de 5.000 millones por parte de cuatro entidades. También el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha expresado su preferencia por una "salida natural" de las garantías públicas para la deuda, según informaron fuentes diplomáticas, y lo mismo hizo Portugal. En contraste, tanto Reino Unido como Países Bajos han apoyado la propuesta de la Comisión de aumentar los precios de los avales para obligar a los bancos a abandonarlos y volver al mercado. No obstante, Londres ha apostado por un enfoque flexible y reclamó que no se estigmatice a los bancos que sigan necesitando garantías.

Hasta ahora, los países de la UE han apoyado hasta ahora a sus sectores financieros con medidas que suponen alrededor del 13% del PIB. Si se suman los fondos aprobados y todavía no utilizados, el porcentaje asciende al 31% del PIB. La mayor proporción (7,9% del PIB en cuanto a medidas utilizadas, 24,7% del PIB en cuanto a medidas aprobadas) corresponde a garantías sobre la deuda bancaria, según los datos de Bruselas. En España, las medidas de apoyo al sector bancario ascienden al 21,9% del PIB, pero sólo se han utilizado por valor del 5,8%. De ellas, los avales suponen el 19,1%, y hasta ahora se han utilizado por valor del 4%.

El documento que han discutido los ministros considera, eso sí, imprescindible empezar ya a diseñar la "estrategia de salida" para volver a una situación de normalidad. Mantener estos planes más tiempo del necesario "incrementa el riesgo de distorsiones de competencia" y permite la supervivencia de bancos "que no serían rentables sin ayudas públicas". Al mismo tiempo, una salida "prematura" podría "debilitar y desestabilizar el sector financiero". Para determinar el momento exacto hay que tener en cuenta factores como la consolidación de la recuperación económica, la fortaleza de los balances de los bancos o el funcionamiento de los canales de crédito, señala el Ecofin. Los 27 ven necesario coordinar sus estrategias de salida para evitar efectos colaterales negativos, por ejemplo, el "efecto estigma" para aquellos bancos que sigan recibiendo ayudas públicas cuando los demás las han dejado, o el riesgo de que muchas entidades renuncien a las recapializaciones públicas y necesiten acudir al mercado para aumentar capital al mismo tiempo. No obstante, ello no significa que todos los Gobiernos deban actuar al mismo tiempo, sino que deberá tenerse en cuenta la situación de cada país.