Escándalo CPV, segunda parte

En 1999 Juan pagó 24.000 euros como entrada para un piso de los que vendía y siguió vendiendo la empresa CPV, cuyos administradores están en la cárcel por estafa. Dos años después rescindió el contrato y su dinero le fue devuelto pero, hace unas semanas, ha recibido la carta de un bufete en representación de los síndicos de la quiebra de CPV: le reclaman esos 24.000 euros y, si no contesta en el plazo de quince días, le demandarán judicialmente, "con el consiguiente gasto que este procedimiento procesal comporta". Cuando Juan llamó al bufete, la respuesta es que se lo pueden rebajar a la mitad y pagarlo a plazos.

No es el único que llamó tras recibir esa carta al Juzgado de Primera Instancia, número 9, son multitud. Y sí es una pesadilla pero no están soñando: los síndicos de la quiebra se basan en el artículo 878.2 del Código de Comercio, de 1885 ya derogado, para reclamar ese dinero que iría destinado a pagar al resto de los acreedores a los que CPV no les devolvió lo que habían pagado.

La situación de los que ven como les reclaman la devolución del dinero ha cambiado en estos casi diez años y no para bien: en algún caso han fallecido los padres y tienen que hacerse cargo los hijos del pago. Hay quien ha firmado recientemente una hipoteca y quien está en paro o tiene que reencontrarse con una pareja a la que no habla hace años. Más de uno descarta que el banco les de un crédito para pagar porque le acaban de denegar uno de 1.500 euros para avalar el alquiler del piso de un hijo.

"Me siento doblemente estafado, indica un afectado, primero, por CPV: me engañaron porque eran, como se ha demostrado, unos estafadores que vendieron y revendieron suelo y viviendas durante años impunemente a pesar de las denuncias y, después de conseguir rescatarlo, diez años después me atracan con la ley en la mano".

CPV, siglas de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas, fue declarada en quiebra el cinco de diciembre de 2002. Una sentencia del juzgado de primera instancia número 9 de Madrid, dictada en 2007, retrotrae la quiebra al uno de enero de 1999. La retroacción permite reclamar ese dinero y pone de manifiesto cómo podía operar libremente una empresa que estaba en quiebra y cometiendo irregularidades varias. "Nuestra situación es sangrante porque a los seis meses de declararse la quiebra de CPV la Ley de Comercio fue derogada por una nueva ley con lo cual nada de esto nos habría sucedido", denuncia una afectada.

Miles de familias, se habla de 3.000, han constatado que en el mercado pueden operar empresas como CPV, han visto cómo hasta 2007 no se ha celebrado el juicio y seguido un proceso con incidentes que incluso llevó a que seis abogados que defendían a los afectados pidiesen al Consejo General del Poder Judicial que investigase la actuación de la jueza que instruía el caso.

En el camino, algunos han recuperado parte de su dinero y a 761e el Ayuntamiento se les facilitó la compra de una vivienda protegida en el Ensanche de Vallecas. Para los que están en el numeroso grupo de Juan, la duda es si negocian con un bufete que les remitió la carta, pagan con rebaja y quizá pierden el derecho a futuros pagos (algunos afectados han recibido casi el 30% de lo aportado) o esperan a ser demandados y pelear contra una ley que consideran injusta. En algún caso pueden acogerse a la justicia gratuita; en la mayoría, se enfrentan a que si pierden tendrán que pagar la totalidad de la deuda, más intereses y las costas del juicio que asciende en varios miles de euros.

Abundan las sentencias desfavorables pero dependerá de cada situación. En algún caso, los jueces han considerado que sólo debe devolver el dinero aquellos que actuaron con mala fe. De momento están en contacto a través de una dirección de correo perjudicadoscpv@hotmail.com. Se preguntan si la Justicia no podría actuar en su defensa, más allá de que el Tribunal Supremo ha subido las penas de cárcel a los administradores de CPV, de 10 a 12 años en el caso de Francisco García Moreno -como se supo ayer-, quien se declaró el "cerebro" pero cuya actuación era conocida en los ámbitos profesionales y estuvo asesorada y arropada técnicamente.

Antes de decidir si paga o no, una de las afectadas no deja de preguntarse sobre quién y cuántos componen la masa de acreedores. "Y ¿para quién es mi dinero? Entre los acreedores de CPV habrá familias normales que se beneficiarán en determinado porcentaje pero también hay algunas empresas, nombres de relumbrón y despachos a los que no tengo por qué mantener yo", se lamenta.