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Crisis financiera mundial

Bruselas quiere que los directivos cobren según resultados

Los Veintisiete cierran un borrador para la reunión del Ecofin sobre la crisis financiera internacional

Los Veintisiete consideran que los sueldos de los directivos tienen que reflejar adecuadamente los resultados de la empresa y, en el caso de las indemnizaciones por despido, piden vincularlas a la contribución de cada ejecutivo a la consecución de esos resultados. Los gobiernos saben que no tienen competencia para intervenir en la determinación de los sueldos en el sector privado, pero son también conscientes de que las millonarias pagas percibidas por los responsables de empresas en crisis irritan a la opinión pública.

El asunto será discutido el martes próximo por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), en el contexto de un debate general sobre la crisis financiera y la respuesta de la UE ante esta situación. En el borrador de conclusiones del encuentro, los ministros señalan que, a la vista del incremento registrado los últimos años por la remuneración de los directivos, "es preciso reconsiderar la eficacia de las disposiciones existentes y quizá adoptar medidas a escala nacional".

Dado que no hay margen para normas vinculantes, los Veintisiete se inclinan por actualizar las orientaciones publicadas por la Comisión Europea en 2004. Entonces, Bruselas ya pedía a los países medidas para que las empresas cotizadas informaran a sus accionistas sobre su política de salarios, incluidos los "blindajes" en los contratos de los ejecutivos. También reclamaba que las fórmulas de remuneración variable -como la asignación de opciones sobre acciones- sean sometidas a aprobación previa de la junta de accionistas.

Los ministros reconocen los escasos avances en este ámbito y aseguran que están dispuestos, si es necesario, a tomar medidas para garantizar el control efectivo de la política de remuneración por parte de los accionistas. Inciden en que los sueldos de los ejecutivos deben reflejar "de forma adecuada y comprensible" los resultados de la compañía. También las compensaciones en caso de abandono del cargo deben ligarse a la contribución efectiva a los resultados, subrayan.

Además, abogan por que, a la hora de fijar incentivos salariales y especialmente en el sector financiero, se tome en consideración la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Se refieren, por último, a los conflictos de intereses en que pueden incurrir los directivos implicados en una operación de fusión o compra cuando tienen en su poder acciones u opciones sobre acciones de la empresa en disputa, aunque se limitan a señalar que "es necesario prevenirlos".

Las indemnizaciones millonarias a ejecutivos que abandonan, por despido o dimisión, empresas en crisis vuelven a colocarse en el centro de la polémica estos días tras el anuncio de varias operaciones de rescate con dinero público. En el caso de Fortis, el grupo bancario y de seguros salvado con fondos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el primer ministro belga, Yves Leterme, ya ha pedido públicamente que el ex consejero delegado de la entidad Herman Verwilst, que ocupó el cargo menos de tres meses, sea privado de la paga a que tiene derecho según su contrato.

En cuanto a Dexia, otra entidad que recibirá una inyección de fondos aportados por Francia, Bélgica y Luxemburgo, el ejecutivo francés exigió para participar en el rescate la renuncia a sus respectivas indemnizaciones del ex presidente y el ex consejero delegado, Pierre Richard y Alex Miller.

España contempla aumentar las garantías a los depósitos si es de forma coordinada con la UE

El Gobierno ha insistido hoy en que es partidario de que se eleve en Europa "de forma coordinada" la cuantía mínima que asegura el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), establecida en 20.000 por entidad y titular. Así lo ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha añadido que se está produciendo en Europa un

"debate muy intenso" sobre distintas propuestas y acuerdos.

De este modo, se podrían ir fraguando algunos consensos para que Europa llegue a una posición común al respecto, ha añadido la vicepresidenta. En los últimos días se ha planteado si era el momento de que se eleve el máximo garantizado por el FGD en España en caso de quiebra de una entidad, que coincide con los 20.000 euros establecidos como mínimo en Europa.

Ante esto, el ministro de Economía, Pedro Solbes, se mostró ayer dispuesto siempre que no supusiera renunciar al sistema de aportación español, ya que en su opinión, es "mejor" que el de resto de países europeos. Dicho sistema de aportación ha permitido que el FGD español esté "claramente dotado", añadió, ya que cuenta con un patrimonio que asciende a 6.500 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 40% del dinero de todos los fondos de garantía europeos.

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