Corredor advierte a los Ayuntamientos que no publican los bienes de sus ediles

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que los Ayuntamientos que no están haciendo públicos los bienes de sus ediles con la excusa de que no han creado registros específicos para este fin, están "incumpliendo la ley". La Ley del Suelo, de 2007 obliga a los Ayuntamientos a hacer público los bienes que les comuniquen los representantes municipales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corredor ha recordado que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, ha indicado Corredor, tiene que someterse a los registros públicos. Deben poder consultarlo cualquiera en la página web o en los boletines oficiales, por ejemplo.

Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor ha señalado que los ayuntamientos que no lo tengan están "incumpliendo" con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.

Esta obligación está incluida en la Ley del Suelo, que entró en vigor hace un año pero cuyo texto refundido ha aprobado hoy el Gobierno, y que, según Corredor, tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" el fraude y la corrupción urbanística.

Sobre las recalificaciones

Sobre la normativa, Corredor ha destacado que recoge, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.

En segundo lugar, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas.

Además, "existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", ha subrayado Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no es una novedad".

Código único

El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado hoy, recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.

Según Vivienda, la citada Ley se convierte así en un código unificado para actuar como herramienta para conseguir un ordenamiento del territorio "sostenible", para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupción urbanística y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos. Hasta ahora, a pesar de la aprobación de la Ley de Suelo, aún existían una serie de códigos normativos dispersos procedentes de la anterior ley de 1992.

Reducción de los gastos administrativos

Además, el Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo para desarrollar un plan que permita a las empresas reducir sus cargas administrativas en un 30% antes de 2012 y evitar nuevas cargas en la normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009.

El Gobierno considera que esta medida es "el primer paso para identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias y revisar los trámites que puedan ser simplificados o realizados por medios telemáticos", y contribuirá a incrementar la competitividad y productividad de las empresas españolas.