Bruselas obliga a retirar antes de un mes varias condiciones a la OPA sobre Endesa
La UE confirma que algunas de las imposiciones del Gobierno son ilegales y, entre otras, permite a Enel y Acciona cambiar el nombre de la eléctrica
La Comisión Europea ha confirmado hoy que algunas de las condiciones impuestas a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria y ha pedido a las autoridades españolas su retirada antes del 10 de enero. Entre las medidas ilegales figura mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación, y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.
En un comunicado, Bruselas ha recordado que las condiciones fueron impuestas en julio por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en virtud de los nuevos poderes que tiene desde 2006, y parcialmente modificadas por el Ministerio de Industria en octubre, en respuesta a un recurso de Enel y Acciona.
El Ejecutivo de la UE incide en que los requisitos fueron aprobados sin comunicarlos a Bruselas ni recibir, por tanto, su autorización.
La Comisión ya anunció en septiembre que, según un análisis preliminar, algunas de las condiciones violaban los principios de libre circulación de capital y mercancías, así como el de libertad de establecimiento.
Además, al imponer requisitos a una fusión de dimensión comunitaria, Madrid estaría infringiendo el artículo 21 del reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en la evaluación de estas operaciones.
La Comisión ha señalado que las condiciones controvertidas son comparables a varias de las impuestas a la opa de E.ON -ya retirada- sobre Endesa, que también fueron declaradas ilegales.
Contencioso en los tribunales
Ante la negativa del Gobierno español a retirarlas, el Ejecutivo de la UE le abrió un procedimiento sancionador y acabó llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que todavía no ha tomado una decisión.
Bruselas ha reiterado hoy que los Estados miembros sólo pueden intervenir en fusiones de dimensión comunitaria si es para proteger intereses distintos a la competencia (como la seguridad pública) y en todo caso las medidas deben ser "necesarias y proporcionales", además de compatibles con la legislación europea.
En julio pasado, la Comisión Europea dio vía libre a la compra de Endesa por Enel y Acciona, sin ninguna condición, al considerar que no perjudicará a la competencia en Europa.
Industria asegura que son proporcionales y se ajustan a derecho
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio considera que las condiciones impuestas a Enel y Acciona para adquirir Endesa son proporcionales y justificadas y se ajustan al derecho comunitario.
Asimismo, Industria ha señalado que estudiará a fondo la decisión del ejecutivo comunitario y que en su debido momento tomará las decisiones oportunas. La posición del departamento que dirige Joan Clos ante la CE es la misma que sostuvo durante el proceso de autorización de la OPA sobre Endesa presentada por el grupo energético alemán E.ON.
El origen del enfrentamiento está en la normativa aprobada en marzo de 2006 por la que se ampliaron las competencias de la CNE y que permite al organismo pronunciarse de forma vinculante sobre operaciones empresariales si afectan a la seguridad del suministro energético.
Bruselas consideró esta norma contraria a la legislación comunitaria y abrió un expediente a España que, previsiblemente, se resolverá en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Desde la ampliación de las funciones de la CNE la Comisión ha declarado ilegales todas las decisiones adoptadas tanto por el organismo que preside Maite Costa como por Industria que se amparan en aquella normativa. El Ministerio rebajó en noviembre de 2006 las condiciones acordadas por la CNE para permitir a E.ON comprar Endesa y en octubre pasado las impuestas a Enel y Acciona.
El consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, por su parte, ha afirmado que esperan "con calma" las decisiones del Gobierno español.
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