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El Gobierno investiga si las tres grandes compañías de móviles concertaron una subida de tarifas.

No se descarta que la coordinada subida de precios llevada a cabo por estas compañías violara la Ley de Defensa de la competencia.

El Gobierno, a través de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Industria, está investigando si las tres grandes compañías de telefonía móvil vulneraron la Ley de Defensa de la Competencia al aplicar hace unos meses y al mismo tiempo una subida en sus tarifas, informó hoy IU, que se ha interesado por esta cuestión en una pregunta parlamentaria.

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Según esta formación, de la respuesta que el Ejecutivo ha dado por escrito a la diputada de IU Isaura Navarro, se desprende que el Gobierno no descarta que la coordinada subida de precios del 25% en el establecimiento de llamada y del 20% en otros conceptos llevada a cabo por estas compañías violara la Ley de Defensa de la Competencia.

El Ejecutivo recuerda en esta respuesta parlamentaria que dicha norma prohibe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir restringir o falsear la competencia".

Acción "perseguible"

En este contexto, el Gobierno aclara que si las compañías de telefonía móvil hubieran adoptado un acuerdo o concierto común en respuesta a una pérdida de ingresos por redondeo, esta acción "sería perseguible" y añade que, de igual manera, "sería sancionable la conducta abusiva de una empresa que ostentara posición de dominio".

En su pregunta, la diputada de IU pidió explicaciones al Gobierno para saber qué piensa hacer tras el anuncio coordinado de las tres principales compañías de telefonía móvil de subir sus tarifas para compensar la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, por la que han tenido que terminar con la práctica del redondeo.

El Ejecutivo señala que la subida de tarifas por parte de una compañía para compensar las pérdidas de ingresos, salvo que pudiera calificarse de conducta abusiva por parte de la citada empresa, sería parte de su política comercial, cuya libertad defiende la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, en el supuesto de que dicha medida se adoptara de manera conjunta o coordinada entre varias empresas, el Gobierno advierte de que se estaría incurriendo en una práctica contraria a esta misma normativa.

Investigaciones en marcha

El Ejecutivo explica que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) tienen investigaciones en marcha sobre esta cuestión. Asimismo, señala que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional de Consumo, va a pedir información detallada a los operadores para poder verificar y comprobar que, tal y como afirman las compañías de móviles, esta subida tarifaria tendrá un "efecto neutro".

En su respuesta, el Gobierno indica además que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya solicitó a la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones que analizara evolución de los precios de la telefonía móvil como consecuencia de los nuevos esquemas tarifarios.

Por último, el Ejecutivo recuerda a Navarro que para que el Servicio de Defensa de la Competencia inicie un expediente sancionador por prácticas prohibidas en la Ley, es requisito ineludible que existan indicios de las citadas prácticas. Por ese motivo, el SDC ha iniciado una información reservada con el objeto de detectar la existencia de indicios si los hubiera.

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