El Consejo de Metrovacesa aprueba el acuerdo para dividir la compañía

El consejo de administración de Metrovacesa ha aprobado por unanimidad el acuerdo por el que los principales accionistas de la inmobiliaria, Joaquín Rivero, su socio Bautista Soler y la familia Sanahuja, se dividirán la compañía. En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano central de la compañía ha valorado positivamente el acuerdo porque "constituye una solución razonable", que clarifica el horizonte estratégico de la empresa. Metrovacesa se ha mantenido al frente de las pérdidas de la bolsa a lo largo de la mañana. Las acciones de la compañía han cerrado la sesión de hoy con una caída del 0,88%, lo que ha dejado el precio de sus títulos en 107 euros.

El acuerdo, anunciado el pasado lunes, permitirá a los accionistas minoritarios elegir "en las mismas condiciones económicas que los accionistas mayoritarios" si desean continuar en Metrovacesa, en Gecina o en una combinación de ambas, añade la nota.

El compromiso alcanzado por Rivero y Sanahuja pone fin, según el Consejo, a la confrontación existente entre ambos desde hace un año, que "venía dificultando la operatividad de los órganos sociales y propiciando un elevado grado de litigiosidad que incrementaba la incertidumbre e impedía una adecuada planificación estratégica". Los consejeros consideran que el acuerdo permite salvaguardar el interés del grupo y sus accionistas "evitando que puedan verse negativamente afectados por las discrepancias existentes entre los accionistas mayoritarios".

OPA de exclusión para proteger a los minoritarios

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec) ha anunciado que solicitará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una OPA de exclusión de Metrovacesa para proteger los intereses de los accionistas minoritarios. Algunos analistas ya señalaban ayer la posibilidad de que la CNMV obligue a Metrovacesa a realizar una OPA de exclusión antes de proceder a la separación. El objetivo de esta OPA consistiría en sacar a la compañía del mercado de valores para que ésta lanzara una OPA sobre las acciones afectadas por la exclusión.

Fuentes de la asociación explicaron que al pedir una OPA de exclusión "se respeta" el ordenamiento legal, al tiempo que se protegen los intereses de los accionistas afectados tras la operación. Las OPA de exclusión necesitan una autorización de la CNMV para fijar su precio en función de cuatro criterios. Tres de esos criterios darían lugar a un precio inferior al actual.