Estados Unidos investiga a empleados públicos españoles por evasión de impuestos

El fisco de EE UU cree que un número indeterminado de empleados de los consulados, oficinas de turismo y la embajada de España en su territorio han evadido impuestos durante años, y les ha dado un ultimátum para que regularicen su situación. Los trabajadores tienen hasta el próximo 20 de febrero para acogerse a una "amnistía", que obligará a muchos de ellos a abonar, como mínimo, decenas de miles de dólares en impuestos atrasados, intereses y multas, según los documentos legales revisados por EFE.

Para protestar contra esta situación, los sindicatos han convocado en Estados Unidos una huelga del lunes, 12 de febrero, al miércoles, día 14. Además, habrá paros de media hora los martes desde el 20 de febrero en las representaciones del Estado en el resto del mundo para reclamar un convenio colectivo para más de 6.000 trabajadores públicos en el exterior.

Las personas bajo la mira de la Hacienda estadounidense son contratados locales, es decir, individuos con permisos de residencia en EE UU o ciudadanía estadounidense que trabajan en las oficinas que dependen de ministerios españoles, como las representaciones comerciales, el Instituto Cervantes o la misión ante la ONU.

Según Juan Antonio Bastán, secretario general de la sección sindical estatal del servicio exterior de Comisiones Obreras, se verían afectados por esta situación unos 400 empleados, de los cuales "la inmensa mayoría son españoles". Por su parte, José Marco Pascual, ministro consejero de la embajada española en Washington, ha declarado no conocer el número de empleados contratados trabajan en Estados Unidos, ni cuántos de ellos son españoles, aunque reconoció que en la embajada unos "10 ó 12" españoles están afectados por la investigación.

También trabajadores de otros países

El expediente abierto por el Servicio Tributario Interno de EE UU afecta también a trabajadores en condiciones similares de embajadas de otros países en Washington y organizaciones internacionales. Pascual, el "número dos" de la embajada de España, afirmó que la Administración española carece de culpa. "No tenemos ninguna responsabilidad en el asunto. Es un tema entre el fisco de Estados Unidos y sus sujetos", afirmó.

Diferente es, sin embargo, la visión de algunos trabajadores. Julia P., una empleada que pidió no ser identificada, ha relatado que la embajada y los consulados no han explicado claramente la responsabilidad de los trabajadores. "El Gobierno español nos tiene totalmente abandonados", se quejó. "Tendría que haber un convenio o unas normas" que regularan el pago de impuestos y otros aspectos del trabajo, señaló.

Aunque los funcionarios españoles sí cuentan con ese acuerdo, el personal contratado no lo tiene, lo que da pie a "abusos", según esa empleada. Los sindicatos llevan 25 años tratando de negociarlo. Como en España, las empresas y la administración pública retienen en EE UU los impuestos en la nómina de los trabajadores. Pascual dijo que la representación española no descuenta los tributos de los salarios porque considera a sus empleados contratados como "trabajadores autónomos".

¿Autónomos o no?

Sin embargo, el fisco estadounidense deja claro que no lo son. Algunos empleados que sí han pagado impuestos, como Julia P., establecieron planes de jubilación reservados para trabajadores autónomos conocidos como SEP/IRA, que ofrecen desgravaciones extra. Sin embargo, el fisco estadounidense ha determinado que no tenían derecho a hacerlo y les va a penalizar por ello.

"Para hacer contribuciones a un SEP/IRA, usted debe ser un trabajador autónomo. Si usted trabaja en una embajada, oficina consular u organización internacional, usted es un empleado", explica una guía sobre la "amnistía" publicada por el organismo norteamericano. Ubaldo González de Frutos, consejero financiero de la embajada, confirmó que esos empleados no son autónomos, pero señaló que la embajada "no practica la retención porque no tiene obligación legal de practicarla", al pertenecer a un Gobierno extranjero.

"Si (los empleados) sabían o no sabían que tenían que pagar, hay que preguntárselo a cada uno", añadió. Los sindicatos en España, a los que están afiliados algunos de los trabajadores afectados, han demandado al Ministerio de Asuntos Exteriores que pague por los impuestos y multas de los empleados. El sindicalista Bastán achacó el problema a la falta de un convenio colectivo que regule el trabajo de los empleados locales y que estipule que ellos deben tributar en España. "Lo que subyace es la posición de la Administración española de no avenirse a negociar las condiciones de trabajo del servicio exterior", indicó.

Mientras, los empleados deberán decidir si aceptan la "amnistía" de la agencia tributaria estadounidense, que consiste en el pago de los impuestos que debían únicamente en los años 2003, 2004 y 2005, con los intereses correspondientes, entre el 4 y el 5% anual. Además, deberán abonar una sola multa, la que sea mayor en esos tres años, cuyo monto depende de la cantidad no tributada.